La huella del acusado fue encontrada en un sector aledaño a una cabaña donde el personal policial incautó gran cantidad de municiones, armas de fuego, y armas de fogueo adulteradas; no obstante, el tribunal no razonó todas las hipótesis que explicarían como la huella llegó al lugar, y prefirió situar inmediatamente al imputado en el lugar, vulnerando el principio de razón suficiente.
Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.
Los agentes ingresaron autorizados por la dueña de la residencial donde se encontraba la imputada, no obstante, no solicitaron el permiso de la acusada para ingresar a la pieza, infringiendo su garantía de inviolabilidad del hogar y contaminando con dicha ilegalidad toda la prueba reunida en la diligencia.
El particular, fue detenido por funcionarios de Carabineros que recibieron una denuncia anónima -que no fue registrada por los agentes- en la que se acusaba la venta de droga en un sector de Melipilla, indicio que no fue suficiente para controlar la identidad del actor, debido a su falta de claridad y precisión.
Dar a conocer sólo la parte resolutiva de su decisión, vulnera el derecho de la acusada a conocer los fundamentos del fallo que la condena, según establece el artículo 396 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 39 del mismo texto.
Los agentes detuvieron al acusado luego de recibir una denuncia presencial de una mujer de mediana edad, que acusó que tres hombres en un auto morado le ofrecieron droga, sin aportar mayores descripciones de tales individuos y sin registrar mayores antecedentes de la denunciante para obtener su declaración.
Actor fue condenado a 10 delitos de homicidio simple frustrado, por disparos efectuados por otros coimputados desde el interior de su automóvil hacia una muchedumbre de manifestantes. El tribunal no mencionó luego de analizar las pruebas aportadas, si tal acto fue efectuado con dolo de herir o de matar, infringiendo el principio de no contradicción.
El máximo Tribunal sostuvo que tal indicio rompió la igualdad ante la ley, porque la conducta neutra del actor fue interpretada por la policía en razón del lugar de la ciudad en que se realizó, una población de la comuna de Cerro Navia con alto índice de denuncias por tráfico de drogas.
El acusado fue observado saliendo de una casa y subiendo raudamente junto a una acompañante a un colectivo, hecho que alertó a la policía que inició un seguimiento debido a que “conocía por denuncias previas” al imputado y su presunta actividad criminal.
El requirente alegó que la restricción recursiva resulta carente de razón y vulnera su derecho al debido proceso.
El precepto legal impugnado no garantiza un procedimiento racional y justo y no se condice con la garantía del debido proceso.
