Recaía en las autoridades la carga de la prueba de dar una explicación satisfactoria y convincente. Sin embargo, quedaron sin respuesta varias cuestiones importantes que las autoridades podrían y deberían haber abordado: si las acciones de los guardias penitenciarios y, en particular, el uso de gas pimienta sin previo aviso, fueron estrictamente necesarias, y si la operación había sido preparada adecuadamente y de conformidad con la normativa.

La resolución se encuentra ajustada a derecho y ha sido dictada por tribunal competente dentro del marco de sus atribuciones y sin incurrir en ilegalidad alguna a la luz de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal.

El imputado Pedro Antonio Ibáñez Villalobos junto a otro sujeto aún no individualizado, realizó un tratamiento estético a la víctima Nicole Teresa Padilla López al interior de su vivienda. Producto de complicaciones, la mujer falleció posteriormente en el hospital Sótero del Río por un estatus compulsivo refractario y falla orgánica múltiple.

Además, no se divisa la ocurrencia de algún hecho contrario a la ley que importe una privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual de la persona que recurre.

La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, el 15 de septiembre recién pasado, que mantuvo al imputado  recluido en el Centro Penitenciario de Chillán.

La resolución es arbitraria, ya que mantiene al imputado lejos de su núcleo familiar y no considera su asistencia para audiencia de preparación de juicio oral en causa diversa a realizarse en otra ciudad.

La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Santiago que confirmaron la decisión de mantener la prisión preventiva decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, por considerar que la libertad del amparado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El imputado y conductor del vehículo puede, si así lo estima, aportar los datos de individualización de las personas con que se movilizaba para que se indague su versión de que la droga y arma no eran suyas.

La última condena que se le impuso data de septiembre de 2014, de modo que en virtud del artículo 104 del Código Penal no le afecta la circunstancia agravante de reincidencia, alega el recurrente.

Se detectó que el  imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.