La sentencia señala que las normas que disponen el aislamiento de los electores habilitados infectados con COVID-19 a desplazarse para acercarse a sus respectivas mesas receptoras de sufragios, no es la Ley N° 21.257.

La sentencia señala que, luego de examinadas las normas constitucionales y legales, que habiliten a este Tribunal para conocer de una reclamación de esta naturaleza, resulta que el sistema normativo chileno no contempla este mecanismo de acción.

Estar contagiado por Covid-19, no ha sido fijado por el constituyente como causal de pérdida o suspensión del derecho a sufragio.

El reclamante señala que fijar un plazo tan exiguo como apenas tres días hábiles a partir de la publicación de la ley es un despropósito y dificulta gravemente la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso.

Los reclamantes señalan que, además, aquella disposición que establece el aforo máximo en los locales de votación, es contradictoria en sí misma y genera incertidumbre en cuanto a si excluye de éste a los apoderados.

En específico, se impugna una resolución que modificó la sentencia anulatoria, en lo relativo a la integración de la Directiva provisoria de la organización.

Uno de los hechos pertinentes, substanciales y controvertido establecidos dice relación con la efectividad de haber realizado actividades de divulgación o propaganda, de los postulados doctrinarios y programáticos de la entidad, en forma previa a constituirse en partido en formación.

El reclamante de autos señala que señala que el Instructivo de Elecciones Internas, contraviene gravemente los Estatutos del Partido.

El recurrente señala que, de los cinco cargos formulados en el requerimiento, tan sólo uno de ellos es considerado de la entidad y cuantía suficiente para configurar la causal de abandono de deberes.

El reclamante señala que el Instructivo de Elecciones Internas del Partido, contraviene gravemente la Ley N° 18.603 y los Estatutos del Partido.