El requirente alega que los preceptos cuestionados han permitido una decisión arbitraria que vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
No se advierte ninguna infracción constitucional, ya que se trata de una ordenanza que actualmente no tiene eficacia ni obligatoriedad, sólo constituye un proyecto que pretende ser tramitado por la Municipalidad.
El Bono de permanencia es un beneficio otorgado sólo una vez, conjuntamente con el retiro de la institución y cuya suma se calcula en base al tiempo de servicio efectivo prestado.
El requirente alega que se le obliga a vender el inmueble a un precio injusto, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.
La conducta de la recurrida se torna arbitraria e ilegal y afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución.
La Corte de Rancagua ordenó a la Dirección de Obras emitir una nueva resolución exenta que se haga cargo de los argumentos de la recurrente.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
