El demandante no probó debidamente que existieran motivos serios y probados para creer que si fuera devuelto a Rusia correría un riesgo real y presente de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio esto es, prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Así, la ejecución de la medida de expulsión respecto del demandante no violaría, en las circunstancias del presente caso, esas garantías.

La reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad psicológica y, por tanto, entra dentro del ámbito de su vida privada. Dado que el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la libertad de expresión tienen la misma fuerza normativa, corresponde al tribunal que conoce del caso lograr un justo equilibrio entre esos dos derechos en caso de conflicto.

La enmienda constitucional requerirá la aprobación de ambas cámaras del Parlamento y podría someterse a referéndum o ser respaldada por una mayoría de tres quintos en una sesión conjunta. Aunque el gobierno de Macron favorece la segunda opción, la seguridad en el nivel de apoyo en el Senado es menos clara que en la Asamblea Nacional.

El Estado no excedió su margen de apreciación y no se alteró el equilibrio justo entre el derecho de la demandante a conocer sus orígenes y el deseo e interés de su madre biológica a permanecer en el anonimato. Por estos motivos es que no existe una violación del artículo 8 del Convenio.

Los documentos privados difundidos a un número limitado de personas deben tener una base fáctica y cuanto más grave sea la acusación, más sólida debe ser esta base. Sin embargo, en el caso concreto los actos denunciados se cometieron sin testigos y la ausencia de una denuncia relativa a tales acciones no puede llevar a calificar su acto como de mala fe.

Los contactos profesionales entre los jueces y una de las partes en el proceso había sido regular, cercana y remunerada, lo que es suficiente para concluir que deberían haber renunciado a participar en el caso y que los temores de los sindicatos demandantes sobre su falta de imparcialidad estaban objetivamente justificados.

La legislación establece una distinción entre los extranjeros que se encuentran «en situación de empleo» y aquellos que no, con consecuencias directas sobre las prestaciones sociales que pueden recibir y el tiempo de espera para acceder a ellas.

La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado refuerza aún más las restricciones a la capacidad de los inmigrantes para reunirse con sus familias en Francia, limita la ciudadanía por nacimiento y reduce las prestaciones sociales. Además, introduce una cuota anual para el número de llegada de inmigrantes, que sería determinada por los legisladores.

Corresponde al prefecto competente, bajo el control del juez administrativo, determinar, teniendo en cuenta no sólo el contexto nacional descrito, sino también las circunstancias locales, si hay motivos para prohibir una manifestación que presenta un vínculo directo con el conflicto palestino-israelí, independientemente de a qué parte del conflicto pretenda apoyar.

La consagración del derecho al aborto a nivel constitucional se transformó en una cuestión prioritaria para el gobierno, luego que el presidente Macron lo prometiera el 8 de marzo pasado (día Internacional de la Mujer).