Se infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se produce una discriminación arbitraria y carente de razonabilidad entre la empresa requirente y las demás personas jurídicas chilenas, a pesar de que una y otras se encuentran en idéntica situación jurídica.
De declarar a la requirente como único empleador, todos los trabajadores de las otras empresas podrían negociar colectivamente, eventualmente, sólo con la requirente, y en tal el escenario estará obligada a ofrecer como piso de negociación los beneficios contenidos en contratos colectivos que no negoció.
Se infringiría el principio de proporcionalidad, toda vez que la multa de 100 UTM que se impuso a Canal 13 no contemplaría criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar en forma proporcional el monto de la multa a ser aplicada.
Se infringirían garantías de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.
Se infringirían las garantías constitucionales del derecho a la educación y a la propiedad.
Este tipo de actuaciones de videoconferencia, agravarían los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, por la colusión de los postores, que resulta incontrolable a través de la interconexión.
Los requirentes solicitaron el servicio de alcantarillado para cinco inmuebles que les pertenecen. La solicitud se hizo a la empresa Esval S.A. que es la concesionaria de servicios sanitarios, la que, para prestarlo, puso condiciones que los requirentes estimaron abusivas e ilegales.
Se declaró admisible, sólo en lo que respecta a la frase “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226.
La regla cuestionada se aplica por igual y sin ningún tipo de distinciones a todos los intervinientes que se encuentren en la situación descrita por la requirente.
Le corresponderá al Tribunal Pleno, evacuados los traslados conferidos o vencido el plazo otorgado al efecto, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
