En la práctica la aplicación de los preceptos impugnados, permitirían la generación de obligaciones de manera ilimitada sin que exista actividad laboral alguna.
En la gestión pendiente se acusa a la requirente por los delitos de calumnias e injurias graves por escrito y con publicidad.
Restringir la prueba única y exclusivamente a lo señalado en la carta de despido, genera que no se pueda cumplir con un debido proceso, en virtud de que la norma constituye un cercenamiento parcializado de los hechos a probar.
Las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas, en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política.
Tratándose de un pronunciamiento de fondo por parte del Juzgado de Cobranza, el legislador habría excedido sus facultades pues no se trata de un procedimiento en que se busque cumplir una sentencia o una condena previamente tramitada.
El requirente argumenta que se infringirían garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El requerimiento se da en el contexto de un reclamo de ilegalidad municipal presentado por la requirente en contra de una decisión del Alcalde de Lo Barnechea, que confirmaba la negativa de un Anteproyecto de construcción.
Restringen la posibilidad de ser oído, de contar con tiempo suficiente para el desarrollo de la teoría del caso, la posibilidad de presentar, conocer y observar la prueba tanto propia como de la contraria y de recurrir frente a actuaciones que escapan al ordenamiento jurídico aplicable al caso.
La prohibición de casar en la forma las sentencias dictadas en primera instancia por Tribunales Tributarios y Aduaneros, en los procedimientos sobre vulneración de derechos, hace imposible accionar el sistema recursivo de la misma forma en que, frente a la misma razón, cualquier litigante pudiera acceder en otro tipo de juicio, en especial, el litigante civil.
Se declaró admisible el requerimiento, pero sólo en lo que respecta a la impugnación del artículo 6, letra c), de la Ley Nº12.927, de Seguridad del Estado.
