La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la prisión por deudas contractuales, y en el asunto analizado nos encontramos ante una obligación legal de naturaleza alimentario, de modo que se adecúa a la excepción contenida en ella.
Se trata de los ministros que deben ser propuestos por el Congreso, dos de ellos nominados por el Senado y otros dos por la Cámara de Diputados.
Se desestimó la acción cautelar deducida por la ex ministra María Luisa Brahm, que intentó revertir las sanciones impuestas por el ex ministro Iván Aróstica en una investigación sumaria por acoso laboral. La Corte indicó que la garantía de inamovilidad de los ministros del Tribuna no es óbice para incumplir con su responsabilidad disciplinaria.
El Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspensión de la gestión pendiente luego de que la Gobernadora Regional presentara un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 23 sexies, inciso cuarto, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
El letrado objeta -entre otros- el artículo 50 del Código Adjetivo, asilándose en la Convención de la ONU contra la corrupción, tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentra vigente, que prohíbe la condena en costas contra el abogado querellante y la víctima que denuncien delitos de corrupción, como en la especie, la prevaricación de los funcionarios de tribunales civiles.
El requirente alega que la prohibición de presentar testigos en sede de revisión vulnera la igualdad ante la ley y su derecho a defensa, debido a que torna ésta en ineficaz al no poder ofrecer un testimonio al que la defensa tuvo acceso después de dictada la sentencia condenatoria.
Esta facultad incrementa el poder del presidente de esa Magistratura sobre el proceso democrático de formación de las leyes y reformas constitucionales.
La tramitación electrónica se transformó en una herramienta fundamental que permitió adaptarse a las condiciones sanitarias que la pandemia de Covid-19 trajo consigo, para dar cumplimiento a la obligación constitucional de dar continuidad al acceso a la justicia constitucional.
Se trata de Alejandra Precht Rorris y Manuel Antonio Núñez, quienes fueron propuestos por la Cámara de Diputados y requieren los 2/3 de los votos de los senadores en ejercicio para ser ratificados.
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en un fallo conocido este jueves pero avanzado el pasado 22 de marzo, donde rechaza el recurso de Vox al considerar que la Carta Magna no concibe el derecho a la vida como uno de carácter absoluto que implique una especie de «deber de vivir», sino que no puede estar «desconectado» de la «voluntad» de su propio titular.
En países como Francia, Alemania o Austria, el mayor peso en la elección recae en el poder político, mientras que en Italia los jueces también tienen voz a la hora de nombrar.
