La tramitación electrónica se transformó en una herramienta fundamental que permitió adaptarse a las condiciones sanitarias que la pandemia de Covid-19 trajo consigo, para dar cumplimiento a la obligación constitucional de dar continuidad al acceso a la justicia constitucional.

Se trata de Alejandra Precht Rorris y Manuel Antonio Núñez, quienes fueron propuestos por la Cámara de Diputados y requieren los 2/3 de los votos de los senadores en ejercicio para ser ratificados.

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en un fallo conocido este jueves pero avanzado el pasado 22 de marzo, donde rechaza el recurso de Vox al considerar que la Carta Magna no concibe el derecho a la vida como uno de carácter absoluto que implique una especie de «deber de vivir», sino que no puede estar «desconectado» de la «voluntad» de su propio titular.

En países como Francia, Alemania o Austria, el mayor peso en la elección recae en el poder político, mientras que en Italia los jueces también tienen voz a la hora de nombrar.

Fue dictado en razón de la grave conmoción interna que afecta a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, y que ha puesto en aprietos al gobierno del Presidente Guillermo Lasso.

Según la doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional así como del TEDH, la revisabilidad de la pena es un factor determinante en su legitimidad.

No garantizan justicia en un plazo razonable e instituyen un proceso jurisdiccional sin término que deja a la requirente en la indefensión en un juicio de nunca acabar.

Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Adolece de falta de fundamento plausible.

Contraviene el debido proceso y la seguridad jurídica.