El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció la responsabilidad del Colegio Espíritu Santo del Verbo Divino, de la comuna de San Joaquín, por no velar por la seguridad de la víctima.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra María Eugenia Sandoval y el Abogado Integrante Julio Pallavicini, quienes fueron de parecer de revocar el fallo en alzada y, en su lugar, rechazar el recurso de protección interpuesto, teniendo presente para ello sus propios razonamientos.
La Corte de Santiago expresó que, la recurrente demostró una conducta diligente para intentar aclarar lo acontecido a diferencia del Banco.
La sentencia fue acordada con la constancia de los Ministros María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz.
La Corte Suprema señaló que, al no encontrarse acreditada la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio la Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, la presente acción ha de ser rechazada.
La Corte de Santiago señaló que, a juicio de la Corte, apareció que la parte recurrente no acreditó que el Servicio actuó fuera de su marco legal inspirado en un antojo o capricho.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 4 y 24 de la Constitución.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías de los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt señaló que «quedó de manifiesto que la actitud de la recurrida careció de justificación razonable».
La Corte de Apelaciones de Concepción concluyó que, la «baja» adoptada no lo fue en un procedimiento e investigación racional y justo, además de no haberlo sido por un Consejo Superior de Disciplina integrado conforme a su propio reglamento.
