La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al denegar la cobertura al tratamiento recomendado por el médico tratante, en contravención al derecho constitucional a la integridad física y psíquica del infante.
El funcionario acusó a seis miembros del concejo municipal de vulnerar la igualdad ante la ley y el debido proceso, al someter a votación la remoción como uno de los puntos fuera de la tabla ordinaria. La magistratura puntualizó que el recurrente fue nombrado como funcionario a contrata el día anterior al cese del cargo, por lo que ambas funciones son incompatibles y la acción debe ser desestimada.
Las partes deberán acudir ante la magistratura ordinaria para constituir la servidumbre respectiva, y debatir los acerca de los derechos que les asistan, discusión que debe ser conocida en un juicio de lato conocimiento, y no en sede cautelar.
El recurrido instaló un nuevo medidor de agua, y trasladó el punto de extracción a más de 200 metros de la casa de la afectada para “facilitar las lecturas”. La magistratura estimó que dicho acto vulneró el estatus quo de un servicio que previamente se otorgaba sin inconvenientes, por lo que ordenó la inmediata reposición y conexión con la casa de la actora, gastos que deben ser financiados íntegramente por el Comité de Agua.
El municipio se comprometió a entregar siete pérgolas por un plazo de cinco años, para que los recurrentes vendieran sus productos en el centro de la comuna, no obstante, de forma unilateral el alcalde prorrogó en un tiempo menor al acordado en el contrato el plazo para efectuar modificaciones a las instalaciones, sin expresar ningún motivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad de los recurrentes.
El recurrente vendió una patente comercial en 2021, sin ingresar la solicitud de traspaso hasta marzo de 2023, acompañando sólo una declaración jurada de que realizó dicho trámite, lo que no constituye mérito suficiente para estimar que la enajenación de la patente efectivamente fue hecha al nuevo dueño, por lo que el actor carece de un derecho indubitado.
Mediante el procedimiento sumarial se comprobó de manera fehaciente las infracciones del recurrente en el desarrollo de sus funciones, apreciándose una descripción de hechos probados susceptible de generar responsabilidad administrativa por infracción al principio de probidad administrativa.
No se realizó un procedimiento investigativo y sancionatorio, aplicándose una sanción sin previo emplazamiento de las partes involucradas.
La Octava Sala del tribunal de alzada estableció que el helipuerto no cuenta con las autorizaciones para su operación, afecta la salud física y síquica de los vecinos y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, amén de no ajustarse al uso de suelo de la comuna.
La Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar omisivo de la institución penal al carecer de asistencia médica para internos de tienen hasta más de 90 años de edad.
