El recurrente pretendió acelerar el desalojo de un inmueble ubicado en la comuna de Punitaqui, en circunstancia que contra algunos ocupantes posee fallos pendientes de ejecución por demandas de precario, y a otros ni siquiera ha emplazado en juicio; por lo tanto, la magistratura estimó que el asunto controvertido debe ser resuelto por la judicatura civil, mediante acciones de lato conocimiento.

La magistratura estimó que el sumario que decidió la desvinculación del actor se ajustó a derecho, en atención a que el recurrente siempre supo el cargo que enfrentaba, y se le brindó la posibilidad de presentar pruebas, controvertir, y apelar la decisión a un órgano superior de la institución, por ende, no se vulneró el debido proceso.

La magistratura estimó que el pago parcial y no íntegro de los emolumentos del actor, vulneró el derecho de propiedad que aquel posee respecto de su remuneración, la que por ley posee una naturaleza alimentaria que el recurrido no puede desconocer.

El profesional -en un programa de radio- reprodujo la opinión de una de las funcionarias del recinto que dirige la recurrente, que señaló que en contra de la actora se han deducido varios reclamos por acoso laboral que devinieron en un sumario, situación que no agravia a la recurrente, porque es un hecho noticioso de interés, dada su posición como directora de un recinto de salud.

La recurrente solicitó la patente, no obstante, la junta de vecinos del sector manifestó que en el lugar existían ya cinco locales más de venta de alcoholes, lo que en el último tiempo devino en un aumento en la inseguridad de la población; por lo tanto, el municipio fundó su rechazo en la pormenorizada información otorgada por los vecinos, decisión que fue ratificada por la magistratura.

El actuar de la recurrida priva y perturba el ejercicio de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 Nº3 inciso 5° de la Constitución, que si bien no fue invocada expresamente por la actora, se desprende con claridad de los hechos denunciados y los antecedentes acompañados.

El principio de confianza legítima busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen sus derechos.

Resulta ilegal que el recurrido acuse, mediante redes sociales, a los actores de querer privarlo ilegalmente y de forma fraudulenta de su hogar, más aun, considerando que existe una sentencia definitiva, no ejecutoriada, que acoge las peticiones de los recurrentes.

No autorizarlo conlleva un real peligro de incendios y cortes de suministro para los usuarios del servicio, por lo que no se visualiza justificación ni razonabilidad de parte del recurrido para impedir que la recurrente realice las necesarias obras de corte y poda.

La decisión adoptada es, efectivamente, una de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y fundada en las necesidades propias de la institución recurrida, por lo que las circunstancias hechas valer por los recurrentes no impiden el traslado del actor, por cuanto esto obedece a necesidades propias de Carabineros.