El grupo familiar fue víctima de vulneración de derechos que implicó el cambio de domicilio como medida de protección, pero no podido matricular a su hija en la plataforma Sistema de Admisión Escolar, en el apartado “Anótate en la Lista”, lo que vulnera los derechos que consagran los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución, y la Convención de los Derechos del Niño.
El cargo de exclusiva confianza no se define por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico.
La libertad de expresión resulta indispensable para el desarrollo de una sociedad democrática y sólo puede restringirse en la medida que su ejercicio afecte otros derechos como la honra, hipótesis que no ocurre en este caso, por cuanto en las expresiones contenidas en las publicaciones que se reprocha, se realizan en virtud de una facultad otorgada por un tribunal de la República.
El recurrente acusó que por años la empresa estatal le ha negado el acceso a El Teniente, por estar en una lista de personas con acceso prohibido a las dependencias de la minera, debido a un incidente ocurrido en 2017. Por su parte, Codelco refirió que el actor no se encuentra en ninguna lista de inhabilidades, por lo que puede solicitar cuando quiera el permiso de acceso.
La actora intentó revertir el acto que no renovó su continuidad para el período 2024, esgrimiendo el principio de confianza legítima, sin embargo, la magistratura estimó que no puede configurarse dicho principio en favor de la recurrente debido a que sólo estuvo vinculada a la administración por un plazo de 2 años, por lo que no era necesario un acto fundado para terminar la relación entre las partes.
El actor intentó obtener por medio de la acción cautelar una calificación de enfermedad profesional, respecto del padecimiento psiquiátrico que lo afecta, finalidad que excede los límites del recurso de protección, y que evidencia la absoluta ausencia de un derecho indubitado del recurrente.
Los recurrentes denuncian que la empresa no ha adoptado las medidas suficientes para reducir la contaminación acústica, producida por quienes arriendan las canchas para practicar el deporte, por lo que el máximo Tribunal, ordenó a la recurrida tomar las acciones pertinentes para disminuir los ruidos molestos.
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El máximo Tribunal consideró como arbitraria la facultad de sancionar “sin proceso previo” a los actores por -supuestamente- incumplir sus “deberes masónicos”, relacionados a una conducta como directores de una corporación educacional. De esta forma, la magistratura anuló el castigo, y la situación interna de los recurrentes deberá ser solucionada mediante un procedimiento que garantice el respeto al debido proceso.
Desde el año 2015, cuando el actor sufrió un accidente mientras patrullaba su zona, el funcionario arrastra una lesión crónica en la rodilla, por la cual, la institución -siguiendo las exigencias de su reglamento- dictaminó la baja permanente del agente; procedimiento administrativo que en opinión de la magistratura, se ajustó a derecho y el recurrente tuvo la oportunidad de controvertir.
El tribunal Supremo estimó que las apreciaciones de un jefe de servicio no experto en ciencia médica, no pueden prevalecer respecto de la evaluación del COMPIN, órgano especializado y calificado en materias de salud laboral; por lo tanto, dejó sin efecto la resolución que declaró vacante el cargo de la actora y ordenó su inmediata reincorporación al servicio.
