Lo que se pretende a través del presente arbitrio, es un pronunciamiento sobre el mejor derecho que cada una de las partes invoca respecto de sus intereses, cuestión que escapa de los límites de una acción constitucional meramente cautelar de derechos indubitados, siendo necesario, en consecuencia, ventilar el asunto en las instancias contenciosas que correspondan.

El banco de pruebas de la institución castrense emitió dos oficios que sirvieron de base para dictar la resolución impugnada, que busca limitar la venta libre de accesorios de mejoramiento de puntería como miras telescópicas, de láser, y de punto fijo, imponiendo un mayor control en la adquisición de estos accesorios para armas de fuego.

Los tribunales de justicia son el único órgano que puede determinar si efectivamente las partes en un contrato de arriendo incurrieron en una causal de terminación del contrato de arrendamiento.

La magistratura estimó que la terminación anticipada del contrato se efectuó según las reglas de la propia convención, y que la actora no puede esgrimir la confianza legítima en circunstancias que no es una funcionaria pública, y que llegó a su puesto por ser una persona de confianza de una de las autoridades políticas del ministerio, por lo que su nombramiento no provino de un concurso público que la faculte a esgrimir dicho principio.

La recurrente acusó ser juzgada por una comisión disciplinaria imparcial, que formuló cargos imprecisos y vagos. El máximo Tribunal dejó sin efecto el acto recurrido al verificar que los mismos funcionarios conocieron el sumario en primera y segunda instancia, infringiendo con ello la garantía del juez imparcial. Ordenó que la recurrente sea sometida a un nuevo proceso disciplinario ante una comisión de disciplina no inhabilitada.

Se ha vulnerado el deber de fundamentación de toda medida que conculca derechos fundamentales, como lo es, en este caso, el derecho a la educación, conculcando con esto el debido proceso y, por tanto, la igualdad ante la ley.

La Corte de Concepción dejó sin efecto la resolución que dio de baja con efecto inmediato a un Sargento de Carabineros, tras ser denunciado por daños simples respecto de un vehículo particular, no obstante, la magistratura estimó que el acto recurrido carece de la motivación exigida por tratarse de una resolución que por sus efectos es excepcional y debe estar sustentada en un sumario administrativo previo.

La magistratura estimó que la expulsión de los recurrentes vulneró la igualdad ante la ley, y fue realizada mediante un acto que no observó las reglas del debido proceso, al aplicar la sanción más severa del reglamento interno de la agrupación, sin brindar ninguna posibilidad a los actores para que pudieran controvertir o aportar pruebas que desvirtuaran los cargos formulados.

No era la primera vez que el recurrido era emplazado en sede cautelar por los mismos hechos, ya que en 2020 realizó la misma acción con la instalación de candados en un portón de acceso a la vía de servicio; esta vez, instaló una malla para impedir el libre tránsito de los moradores de los sitios interiores, en un acto de autotutela proscrito por nuestra legislación.

No deja de llamar la atención que se recibieron exitosamente al concurso para acceder a los cupos en programas de especialización 696 postulaciones cerradas y enviadas, de las cuales 688 fueron declaradas admisibles, hecho que le resta verosimilitud a la teoría del caso sustentada por la actora para justificar su postulación fuera del plazo estipulado.