La abogada considera que si bien la Ley N.º 21.030 actualmente regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que fue un avance importante en la protección de los derechos humanos, esta no ha logrado ser una respuesta efectiva frente a la realidad de muchas mujeres en el país, pues continúan vigentes sanciones penales a quienes decidan interrumpir un embarazo.

La magistrada cree que el mayor desafío será reorganizarse, debido a que durante la pandemia se cambió la estructura de trabajo en el desarrollo de la labor jurisdiccional, debiendo ahora retomar la forma de trabajar, siendo necesario que se normalice el trabajo en tribunales, buscando que las consecuencias de la pandemia no sean mayores para los justiciables.

El Abogado especialista en libre competencia señala que, en colusión (y en otros ilícitos que se hacen a espaldas de las víctimas, del público) todo lo que permita fortalecer y multiplicar las fuentes de detección es fundamental. En ese sentido, ha sido un gran avance la incorporación en nuestro sistema del mecanismo de la delación compensada en el año 2009 y su fortalecimiento en el año 2016.

El letrado explica que en la actualidad el artículo art. 19.N°3 de la CPR. que regula los derechos procesales en la Constitución no tiene la mejor redacción posible desde un punto de vista dogmático y teórico.

La magistrada redactó el fallo que ganó el primer lugar en el concurso nacional de sentencias con perspectiva de género realizado por la Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación de la Corte Suprema.

El letrado explica que ello debido a las dificultades que tendría su implementación; porque los costos de administración y de fiscalización serían elevados; y porque la inyección de recursos asociados al proyecto sería reducida y transitoria. Para una ayuda real y efectiva se requieren ingresos permanentes y una mayor eficiencia del gasto público.

«La Contraloría se encuentra excluida de las normas de la ley N° 19.880 en lo que respecta a la toma de razón, lo cual me parece improcedente, porque al igual que todo ente estatal debe estar sujeto a límites legales y no puede actuar libremente en la vida del derecho», afirma el especialista.

Sostiene que, en el ámbito económico, es bienvenida la inversión privada mientras dé respuestas a las mayorías, aportando a las políticas públicas, al gobierno de turno y, al mismo tiempo, esté sometida al bien común.

Para Moreso, en el resto de los casos, el valor intrínseco de la vida está por en cima de la voluntad de la persona, y es correcto prohibir la asistencia médica para morir.

Confía en que la regulación de la inversión extranjera y privada favorecerá las condiciones de establecer regulaciones por razones de bien común; como los derechos económicos, de propiedad y de protección medioambiental de los ciudadanos.