Para Moreso, en el resto de los casos, el valor intrínseco de la vida está por en cima de la voluntad de la persona, y es correcto prohibir la asistencia médica para morir.

Confía en que la regulación de la inversión extranjera y privada favorecerá las condiciones de establecer regulaciones por razones de bien común; como los derechos económicos, de propiedad y de protección medioambiental de los ciudadanos.

Apuesta por un Chile descentralizado donde el 30% del gasto sea decidido en las regiones. Cree en el principio de subsidiariedad territorial y velará por otorgar mayores atribuciones a los gobiernos locales.

Cree que la educación debe ser un derecho garantizado para todos como principal clave para equilibrar las oportunidades de los ciudadanos. Lo anterior, siempre y cuando se otorguen amplias facultades para que la gente pueda decidir si optar por la educación que ofrece el Estado.

Llanos afirma que «la posibilidad que tuvo Chile de ser sede de la Cop 21 nos involucró a todos, autoridades y  población, en la responsabilidad de ser respetuoso de un medio ambiente sano, limpio saludable y sostenible. Hubo en todos los chilenos la conciencia de ser actores de un gran congreso ambiental y de exponer, al escrutinio de la comunidad internacional, nuestro comportamiento en el cuidado del medio ambiente».

No está por eliminar la inversión extranjera, lo que cree es absurdo y no tendrá un apoyo mayoritario en la Constituyente. Lo anterior, sin perjuicio que es el momento de analizar y reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con el estatuto que regula la inversión extranjera, sin prejuicios, lo que incluye evaluar la forma como ha funcionado para nuestro país la convención de Washington y el CIADI.

Aseguró que, el estado debe ser un garante de los derechos, velando y optimizando los recursos para cumplir con derechos sociales y ambientales.

Además, aseguró que la educación sexual en los niños y niñas permite reconocer su cuerpo y poner límites, todo para prevenir un abuso. Incluyó que esta educación ayuda a la planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Como discapacitada, busca garantizar la inclusión y la accesibilidad. Como evangélica, desea defender el derecho a la vida y el concepto familia.

Javier asegura que el desafío será involucrar a una ciudadanía que desconfía de la política y sus representantes. En este contexto es fundamental descentralizar la participación y democratizar dichos mecanismos