La Corte de Apelaciones señaló que no se quebrantó ninguna de las garantías numeradas taxativamente en el artículo 20 de la Constitución.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la entidad bancaria al no devolver el dinero pese a que la clienta advirtió el fraude.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la institución al aplicar una normativa que fue derogada por el Tribunal Constitucional.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la decisión de no renovar injustificadamente un permiso de ocupación vigente desde el año 1981.
El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y, en su lugar, rechazó el recurso de protección deducido, tras establecer que las publicaciones no son de la entidad suficiente para afectar la honra del recurrente.
El máximo Tribunal estableció que el actuar de la recurrida fue arbitrario al cercar el sitio cuya titularidad correspondía a la parroquia, por lo que se le ordenó restituir el libre acceso a la ermita.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida y ordenó la restitución del servicio suspendido y permitir el acceso a los espacios comunes.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al construir y poner en funcionamiento pozo séptico sin autorización sanitaria.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la decisión de disponer el lanzamiento del ocupante del inmueble cuando existe un proceso judicial pendiente.
