La requirente alega que, en el caso concreto, de aplicarse las normas objetadas, le impedirán hacer efectiva la responsabilidad penal de los querellados.
Quebranta los principios de legalidad, proporcionalidad y tipicidad.
El precepto objetado no respeta el valor de la certeza jurídica, el debido proceso.
El requirente sostiene que la norma legal impugnada conlleva a una infracción concreta de las normas constitucionales en materia penal.
El precepto legal impugnado vulnera gravemente el principio de proporcionalidad, la garantía del debido proceso, el derecho de propiedad y, en último termino, la seguridad jurídica.
La Corporación Municipal estima que los preceptos legales invocados imponen una sanción que no se ajusta al principio de proporcionalidad y asimismo vulnera la garantía del debido proceso.
El requirente estima que el artículo objetado impone una exclusión que vulnera la garantía del debido proceso, la igualdad ante la ley, y su derecho de propiedad.
Afecta la garantía del debido proceso, derecho al recurso y la igualdad ante la ley.
Su aplicación menoscaba el derecho a defensa de la requirente.
La requirente estima que los preceptos legales impugnados no se ajustan a los parámetros de publicidad y transparencia que dispone el artículo 8 inciso 2º de la Constitución.
