La requirente sostiene que contravienen el debido proceso al impedir “rendir prueba” en segunda instancia; limitan el conocimiento del tribunal de alzada y sus facultades para corregir o anular los actos viciados; la igualdad ante la ley al discriminar arbitrariamente respecto a ciertos procesos y litigantes; y el principio de la esencia de los derechos al afectar esas garantías más allá de lo razonable, desnaturalizándolas.

Este jueves 25 de enero, se realizó una sesión extraordinaria en el Tribunal Constitucional (TC), para la ceremonia de juramento y envestir del cargo de Ministra de esta Magistratura, a la señora Alejandra Precht Rorris. Tras este acto, el Pleno de Ministras y Ministros, está integrado en un 60% por mujeres.

La incompatibilidad maximiza la separación de funciones entre el personal municipal y el rol de los concejales, y busca evitar a priori el conflicto de interés entre quien ostenta el cargo de funcionario o trabajador, por una parte, y quien ejerce las funciones constitucionales normativas, resolutivas y fiscalizadoras que le corresponden al Concejo.

La capitalización de intereses, tendiente a incentivar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, no ha resultado útil para la consecución de dicho objetivo y se vuelve desproporcionada y, más todavía, contraproducente, pues tampoco motiva el cobro por parte de la ejecutante, como se aprecia de la duración del proceso sub lite, resultando su aplicación contraria a lo dispuesto en el artículo 19 N° 2° y N° 3° de la Constitución en relación con sus artículos 6° y 7°, señala el voto disidente.

Capitalizar ahora los intereses conlleva la imposición de una carga desmesurada que grava el patrimonio del Fisco que no provocó -ni podía hacerlo- el incentivo de enterar las cotizaciones durante la vigencia de la relación a honorarios, dado el estatuto jurídico que la regía, hasta la decisión judicial sobreviniente que resolvió –ex post- que se trataba de una relación laboral, lo que produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad, señala el voto disidente.

El D.L. N° 2.695 ofrece un método equilibrado para resolver conflictos entre la posesión inscrita y la material, respetando así los principios constitucionales, siendo un mecanismo justo y necesario para abordar situaciones donde la posesión material no está reflejada en los registros formales, protegiendo a los poseedores materiales que, a pesar de no tener una posesión inscrita, han mantenido un control efectivo sobre la propiedad.

La exclusión de prueba es una resolución de enorme importancia para el resultado de un juicio, que es expedida por un juez unipersonal, sobre la base de parámetros flexibles o poco precisos, y en que está en juego la libertad de una persona. Por ello garantizar la oportunidad de recurrir de apelación para que se revise dicha determinación judicial y minimizar el riesgo de error es una exigencia de racionalidad y justicia, razona el voto por acoger.

El uso por parte de los socios de bienes inmuebles declarados como familiares, propiedad una sociedad, se encuentran afectos al pago del impuesto a la renta. Se grava la renta generada por el uso de bienes del activo social de la empresa por parte de un socio para fines personales, considerando este uso como un beneficio patrimonial, lo que revela que tiene un claro objetivo antielusivo y de control fiscal.

El Ministro es el representante titular del Estado de Chile ante la Comisión de Venecia siendo designado primeramente en 2017 como representante suplente. Fue nombrado Ministro del Tribunal Constitucional el año 2015 por la Corte Suprema y es académico de derecho constitucional y ciencia política de la Universidad de Chile.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que, si bien de acuerdo al procedimiento aparece que fue notificada de la demanda, lo cierto es que dicho domicilio no es del demandado, por lo que impedirle recurrir en contra de la resolución que desestimó el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento carece de racionalidad y de justicia.