«El Ministro Carreño y el abogado integrante Patricio Figueroa fueron del parece de acoger el recurso, basados en que al momento de admitirse a tramitación la solicitud de reconsideración de la recurrente ante la autoridad administrativa, la normativa entonces vigente sí incluía la situación de la actora y no se encontraba totalmente agotado el procedimiento administrativo».

“resulta jurídicamente inaceptable que la elaboración del mismo no haya contado con la participación y consulta a los pueblos originarios, según lo dispuesto por los artículos 6° y 7° del Convenio, en circunstancias que por tratarse de un acto administrativo debió contemplarla”.

La Magistratura reitera que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial se impugne por estimarse contrario a la Constitución.