El máximo Tribunal señala que, al haberse interpuesto la acción constitucional el 23 de octubre de 2019, la misma lo ha sido dentro del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de Alzada indicó que la actuación de la Dirección General de Movilización Nacional se enmarcó dentro de las facultades que al efecto previó la Ley de Control de Armas.
La Corte Suprema señaló que, consta en los antecedentes aparejados al proceso que la recurrente se reincorporó a trabajar de manera normal desde el 13 de mayo de 2019, circunstancia que desvirtuó que ésta no sea apta para el cargo por motivos de salud.
Tribunal de alzada indicó que los antecedentes ponderados por el Juzgado Laboral dan cuenta de labores que escapan lo accidental de una relación a honorarios.
Corte de Valparaíso indicó que el acto administrativo cumplió con todas las formalidades para su dictación, descartando cualquier tipo de arbitrariedad en su actuar.
Recurrente denunció vulnerados los derechos contenidos en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 3 y 24.
La Corte Suprema señaló que, el recurrido incurrió en un acto arbitrario, al rechazar la cobertura adicional CAEC por el sólo hecho de no haberse gestionado el traslado e ingreso del paciente a la red cerrada, entre los días 29 y 31 de mayo del 2017.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24.
