La intención es que el órgano vele por la promoción, tutela, protección y resguardo de los derechos y garantías asegurados por Constitución y los tratados internacionales vigentes, ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que realizan actividades de servicio o utilidad pública.
El titular de Justicia entregó un diagnóstico sobre los hechos de explotación sexual sufridos por menores bajo protección del Estado. También, coincidió en la urgencia de mejorar el trabajo del Ministerio Público.
Representante del distrito 28 de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Gabriel Boric suma a los hitos de su elección ser el primer diputado en ejercicio electo como Presidente en la historia reciente del país.
La legisladora por Coquimbo aseguró que es necesario modificar el “extremo presidencialismo” de la actualidad, y comentó que espera que el diálogo sea un actor relevante en el nuevo ciclo político.
Diego Simpértigue y María Cristina Gajardo fueron recibidos por la Comisión de Constitución, tal como procede en este tipo de nombramientos.
Comisión de Transportes conoció factores que influyeron en la demora de buses del transporte público de la región Metropolitana, el pasado 19 de diciembre.
Se solicitó el pronunciamiento del Tribunal para que examine si las bases de licitación para celebrar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) pudieran infringir las normas que protegen la libre competencia.
La autoridad insistió en que el trabajo en la macrozona sur debe apuntar a revertir la ausencia de Estado y el uso de la causa mapuche para la comisión de delitos que nada tienen que ver con ella.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.
La instancia junto a las autoridades analizó el proyecto que reduce o elimina exenciones tributarias y que entregará una parte del financiamiento para la nueva pensión de 185 mil pesos para mayores de 65 años, que sean parte del 90% más vulnerable, sean pensionados o estén trabajando.
