El máximo Tribunal ratificó sentencia de la Corte de Apelaciones, y con ello la orden del Consejo para la Transparencia (CPLT), pese a no pronunciarse sobre el fondo de la misma, por lo que la policía debiera hacer entrega de las grabaciones realizadas en tres comunas de Santiago por personal uniformado.

La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, aseguró que la transparencia es confianza y “permite hacer más entendible el acceso a la información para la ciudadanía”, permitiendo aportar de forma concreta con miras al proceso constituyente.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la reclamada, que dio por proveída la información solicitada a la Subsecretaría del Medio Ambiente.

La información que se solicita dice relación con datos, antecedentes y documentos susceptibles de revelar datos patrimoniales de otros contribuyentes, por lo tanto, corresponde aplicar la causal de reserva tributaria.

Para fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública. Se amplían los sujetos obligados para incorporar a los órganos autónomos constitucionales, a las corporaciones municipales y a las empresas concesionarias de servicios públicos.

Destacó la necesidad de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información, en particular en el contexto de pandemia, para que las y los ciudadanos puedan participar de manera efectiva y ejercer sus derechos. Se refirió también al combate contra la desinformación como parte de los desafíos para lograr éste y otros objetivos .

La regla general debiera ser la publicidad de todos los antecedentes que se encuentren en poder de la Convención, y sólo excepcionalmente declararse la reserva, de manera justificada, en casos previamente calificados y por las causales que expresamente se contemplen en el reglamento.

Aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el sólo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente, si no se ve frustrada la investigación que se lleva a cabo si es que se conociese o publicare la información.

El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada tiene carácter de reserva o secreto al formar parte del sistema de inteligencia del Estado.

El Tribunal de alzada descartó que la entrega del documento solicitado afecte la seguridad nacional.