El deber de búsqueda y entrega de información pública es propia de los órganos de la Administración del Estado, en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes
EL constituyente reconoce en el artículo 19 N°4 de la Constitución la prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia.
La inexistencia de información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla.
El análisis contempló información de lobby registrada por 278 organismos públicos entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2022, acorde a lo que establece la Ley N° 20.730, que busca transparentar las actividades de lobby y gestiones de intereses particulares.
Ello tras rechazar un reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Invermar S.A., en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, el cual había acogido el amparo presentado por el solicitante de estos antecedentes en contra de Sernapesca, servicio que se había opuesto a entregar la información a solicitud de privados que alegaron eventuales afectaciones comerciales y económicas si llegaban a difundirse los detalles de la información requerida.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso en los integrantes de la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la entrega de la información solicitada por ley de transparencia, la cual no tiene carácter de reservada o secreta.
Fiscalización a las 39 subsecretarías mostró que las 36 que respondieron a solicitudes de información, cuentan con instrumentos o procedimientos para investigar y sancionar situaciones de este tipo o estaban implementándolos en 2021, pero todas registran infracciones asociadas a su publicación en transparencia activa.
El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.
Tras el pronunciamiento del tribunal de alzada –que ratifica lo ya establecido por el CPLT-, la policía uniformada deberá entregar la información asociada a personas heridas por el uso de escopetas antidisturbios, bombas lacrimógenas y que, a su vez, comuniquen sobre estas cuestiones a los mandos institucionales.
Al respecto, el presidente del organismo, Francisco Leturia, afirmó: “Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.
