Normas que permiten al juez declarar que un funcionario municipal contratado a honorarios está regido por el Código del Trabajo, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El municipio de Calama estima que las normas impugnadas infringen los principios de supremacía constitucional, juridicidad, el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.