El requirente alega, que como lo ha demostrado la práctica, el precepto legal impugnado se ha prestado para generar una verdadera industria en torno a revivir procesos fenecidos y archivados, con el mero propósito de procurarse un enriquecimiento sin causa, en cuanto el ejecutante se beneficia de su propia negligencia procesal y del transcurso del tiempo.

La regla general es la aplicación de las normas del Código del Trabajo y afines, no obstante que la empresa se encuentre sometida a un procedimiento concursal, por lo que en principio las de la Ley N°20.720 no rigen en un juicio ejecutivo laboral seguido en contra de aquella. Sin embargo, cobran vigencia en caso de que se trate de obligaciones que gozan de preferencia de primera clase, reglados en el artículo 2472 del Código Civil, que, en su número 5, referida a las previsionales, puesto que la norma de excepción obliga a la suspensión de la ejecución y realización de bienes.

A partir de la entrada en vigor del artículo 33 del Código del ramo, esto es, a partir del día 26.04.2024, los sistemas electrónicos de registro y control de asistencia y horas de trabajo deberán ajustar sus características y procesos a las condiciones que fije la Dirección del Trabajo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que, si no se rinde fianza de resultas a satisfacción del tribunal, no podrá cuestionar en el recurso de unificación de jurisprudencia que se vieron conculcados los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia ni el principio lógico de la razón suficiente

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá pagar $22.128.848.- por concepto de obligaciones laborales y provisionales de trabajadores que nunca prestaron servicio para su empresa.

La iniciativa eleva a rango legal las obligaciones existentes a nivel reglamentario, otorga una acción popular para la denuncia de tales infracciones, da garantía y concreción al deber general de protección del artículo 184, específicamente, respecto de las medidas sanitarias y de higiene, y establece un mandato legal para que todas las licitaciones, convenios y contratos entre la autoridad respectiva y empresas de transporte público contengan, al menos, una cláusula que asegure el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones detalladas en el nuevo artículo 193 bis nuevo.

Aplica a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato vigente y que tienen una jornada ordinaria de trabajo superior a treinta horas semanales.

La moción busca dar mayor precisión en la regulación de la jornada laboral de los choferes de carga terrestre, estableciendo de manera clara la aplicación de la ley y el espíritu del legislador en la normativa del artículo 25 bis del Código del Trabajo, de modo tal que ayude a la estabilidad y certidumbre legal sobre esta materia, que incide de manera sustancial en la relación laboral y contractual entre los trabajadores y los empleadores del rubro.

Establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo para todos los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado menores de 14 años, a una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida, y que no reciban remuneraciones por esta labor.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá hacerse cargo de obligaciones laborales y previsionales que no le corresponden al haber sido considera con la empresa empleadora como un solo empleador.