Norma que impide a la defensa apelar de la exclusión de prueba en el auto de apertura del juicio oral, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente arguye que esta prohibición no encuentra sustento en un sistema procesal penal que entrega la potestad de dirigir la investigación, de manera exclusiva y excluyente, al Ministerio Público.