Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.

También se impugnó la norma que faculta al juez de policía local sancionar con multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, cualquier infracción a las disposiciones de la LGUC, a su ordenanza general y a los instrumentos de planificación territorial. La requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios de tipicidad, legalidad y proporcionalidad.

El requirente alega que al negársele el recurso de apelación en contra de la resolución que no excluyó un bien inmueble del concurso, se transgreden sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.

El requirente alega que se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad.

Los requirentes alegan que se pretende asimilar la calidad del sujeto activo en el delito de Fraude al Fisco a quienes no tienen la calidad de funcionario público, lo que vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Los requirentes estiman que la aplicación de estos preceptos legales produce diversos efectos inconstitucionales.

La requirente sostiene que la ausencia de regulación sobre el rechazo de diligencias probatorias produce su indefensión, transgrediéndose su garantía a un debido proceso.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

El requirente alega que la Isapre tiene amplias facultades para rescindir el contrato de salud por no haber declarado una enfermedad preexistente o excluir prestaciones médicas del mismo sin que el Legislador la haya regulado o limitado, lo que infringe sus garantías constitucionales.

La requirente alega que la aplicación de la norma legal impugnada vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.