La Comisión recibió al abogado asesor del Instituto Libertad y Desarrollo, Sergio Morales, quien realizó sus comentarios respecto de la implementación de ciertas medidas que presenta la iniciativa legal.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que se declaró incompetente para conocer y resolver reclamación presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco Ripley en contra de la Dirección del Trabajo.
El máximo Tribunal confirmó la decisión que rechazó la acción cautelar, tras establecer que la recurrida no actuó arbitrariamente al registrar la visita.
El máximo Tribunal confirmó la multa de 100 UTM aplicada por la Dirección del Trabajo al Banco BCI por prácticas antisindicales durante huelga.
Se dio por establecido que la recurrente laboró a honorarios en la Dirección de Desarrollo Comunitario Municipal.
El máximo Tribunal confirmó la resolución impugnada que sancionó a la procesadora, tras descartar que exista infracción de ley o doble sanción por multa aplicada en el caso por la Dirección del Trabajo.
El ente de control expone que dichas instrucciones se formularon con el objeto de dar estricto cumplimiento al principio de probidad.
Constituye una vulneración de derechos fundamentales, y también constituye un delito de acción penal pública.
La decisión fue acordada con voto en contra del Consejero Marcelo Drago Aguirre.
En el encuentro se expondrá en qué consiste esta figura, cuándo procede, cuál es el rol de los actores sociales y de la Dirección del Trabajo, entre otros.
