El requirente estima que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías.
El requirente sostiene se le impide arbitrariamente recurrir a un fallo que le perjudica, vulnerando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
El requirente sostiene que se ha permitido llevar a cabo un remate con diversos vicios procesales, vulnerando su derecho al debido proceso y propiedad.
El requirente alega que se infringe el principio de irretroactividad de la ley en materia penal.
El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
El requirente alega que se lo imposibilita de perseguir penalmente un delito del que fue víctima, afectándose sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se vulnera su facultad de interponer recursos y, en consecuencia, su garantía constitucional a un debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene justificación alguna y vulnera su derecho al debido proceso.
El requirente alega que no se le permite controvertir una decisión arbitraria y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías al debido proceso y propiedad.
