Norma que impide citar a audiencia para informar acerca de los hechos objeto de una investigación no formalizada declarada secreta por delitos de lavado y blanqueo de activos se objeta ante el Tribunal Constitucional.
Contraviene la igualdad ante la ley y el debido proceso. La investigación quedaría entregada a la absoluta libertad y arbitrariedad de un órgano de la administración que la conduce a su arbitrio fuera de cualquier control jurisdiccional.