El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la empresa pagar el incremento del 30% de la indemnización por años de servicios a la trabajadora.
De esta forma, el empleador no puede aludir a otros hechos no contenidos en esa comunicación.
El máximo Tribunal consideró ajustada a la línea jurisprudencial la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y ordenó el pago de la suma de $739.764, por concepto de recargo legal de la indemnización por años de servicios y $525.752, por concepto de saldo pendiente de pago de la indemnización por años de servicios, monto imputado por la demandada al descuento por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía.
Solo expuso en las redes sociales sus ideas y opiniones, las que más allá de que puedan ser compartidas o no, no son una razón suficiente para justificar su despido.
La causal de despido prevista en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo no exige que la licencia médica sea comunicada dentro del plazo previsto en la norma reglamentaria o en protocolos internos.
La trabajadora se encontraba en un estado de vulnerabilidad doblemente complejizado.
El incremento reviste la naturaleza jurídica de sanción, al hacer aún más onerosa la separación de un dependiente en condiciones ilegítimas y al tratarse de una punición anexa al resarcimiento por los años servidos esta se encuentra establecida en términos perentorios para el juez de la causa.
Si existe contradicción entre los fundamentos y propósitos de las distintas causales, éstas deben plantearse de modo sucesivo, unas en subsidio de las anteriores, de modo alternativo, con tal que dentro de una misma causal no se planteen conjuntamente argumentos incompatibles entre sí.
La decisión de no renovación del contrato se sustenta en una normativa que es ajena de la legislación laboral aplicable al caso, circunstancia que permite advertir que el despido carece de justificación legal.
El arbitrio el recurrente no expone con claridad y precisión la materia de derecho que pretende unificar.
El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la recurrente y subsidiariamente a la empresa Ekono Limitada, pagar las indemnizaciones y prestaciones adeudadas al trabajador.
