Al efecto, el CPLT precisó que, del requerimiento deducido, fue posible advertir que la reclamante no acompañó copia de la solicitud de información.
El CPLT precisó que, del requerimiento deducido, es posible observar que se requiere más bien un pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo.
El órgano reclamado precisó que la información solicitada no es posible de otorgar por dos razones: la primera de ellas atiende a que la Superintendencia aludida no tiene un registro de los correos solicitados, y la segunda, a que se infringiría el derecho a la privacidad.
El órgano consultado precisó que, según consta en los antecedentes, comunicó al reclamante prórroga de plazo para evacuar respuesta a su solicitud de conformidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.
El órgano consultado precisó que, según consta en los antecedentes, se advierte que la reclamante a través de su presentación no requirió información alguna al órgano reclamado en los términos que lo exige la Ley de Transparencia.
EL CPLT precisó que procedió a revisar la página web de la institución reclamada, y que en ella se advierte la existencia de un banner denominado «Solicitud de información Gobierno Transparente».
El CPLT declaró inadmisible el reclamo, por cuanto no existe infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento
La CONADI en sus descargos informó al Consejo que “no cuenta con la información específica que se solicitó.
Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra del Ministerio Público.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye, en esencia, que la norma del artículo 2° del proyecto de ley sometido a control, que agrega una letra d) al artículo 20 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es propia de la ley orgánica constitucional a que alude el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política, al regular una materia atingente a las funciones y atribuciones de las Municipalidades, en la medida que establece la obligación de llevar un registro, a cargo de la Secretaría Municipal.
