La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 4 y 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Temuco señaló que la actuación de la recurrida constituye un acto de autotutela y por lo tanto un acto contrario al ordenamiento jurídico.
El fallo del Tribunal de Alzada concluyó que, se apreció en el actuar de la recurrida un obrar arbitrario y contrario a derecho, propio de autotutela.
El fallo de la Corte de Santiago concluyó que, todo lo relativo a la consulta efectuada en el Instituto Nacional, son actos acordados y aprobados por el Concejo Escolar en uso de las facultades.
La recurrente estimó vulnerado la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución.
El máximo Tribunal señaló que, el proceder de la recurrida constituyó una omisión ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de la recurrente a la igualdad ante la ley.
La Corte Suprema agregó que la subsistencia de la mencionada información supone extender un juicio de reproche o, a lo menos, imponer un manto de duda acerca del desempeño profesional del actor.
La Corte Suprema ha estimado que un recurso de protección en contra del Tribunal Constitucional atenta contra la congruencia y unidad que debe tener la Carta Fundamental
La Corte de Concepción indicó en su oportunidad que, no es posible advertir la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios que puedan afectar algunas de las garantías que se reclaman conculcadas y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República.
