La Corte de Apelaciones de Iquique indicó, en síntesis, que a la declaración que persiguen los recurrentes, excedió el ámbito de esta acción cautelar.
El Tribunal de Alzada indicó que, no es posible enmarcar la actuación de la recurrida dentro de la legalidad, y tampoco cabe calificarla de razonable y prudente.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro María Eugenia Sandoval, quien fue de parecer de revocar el fallo en alzada que acogió el recurso de protección.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que, se pretendió en la acción constitucional ejercida por la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A que la Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección.
El Tribunal de Alzada indicó que, el actuar de la recurrida se encontró amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, de los antecedentes del recurso y los allegados a esta causa, no permiten concluir la existencia de un supuesto incumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito entre las partes que pueda ser reparada por esta acción constitucional.
Se está en presencia de hechos que ofendieron a personas naturales ajenas a la universidad, al proferir comentarios que dicen relación con condiciones de salud y rasgos de identidad.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 9 y 24.
El Tribunal Supremo de España rechazó un recurso de casación y confirmó una condena de 5 años de prisión para una técnico superior de laboratorio del hospital universitario Miguel Servet, de Zaragoza, por los delitos de riesgo y de falsedad en documento público.
La Corte de Puerto Montt indicó que, el acto impugnado adoleció de arbitrariedad en cuanto no se hizo cargo de un análisis exhaustivo y subjetivo del caso en cuestión.
