El letrado explica que ello debido a las dificultades que tendría su implementación; porque los costos de administración y de fiscalización serían elevados; y porque la inyección de recursos asociados al proyecto sería reducida y transitoria. Para una ayuda real y efectiva se requieren ingresos permanentes y una mayor eficiencia del gasto público.

«La Contraloría se encuentra excluida de las normas de la ley N° 19.880 en lo que respecta a la toma de razón, lo cual me parece improcedente, porque al igual que todo ente estatal debe estar sujeto a límites legales y no puede actuar libremente en la vida del derecho», afirma el especialista.

Sostiene que, en el ámbito económico, es bienvenida la inversión privada mientras dé respuestas a las mayorías, aportando a las políticas públicas, al gobierno de turno y, al mismo tiempo, esté sometida al bien común.

Para Moreso, en el resto de los casos, el valor intrínseco de la vida está por en cima de la voluntad de la persona, y es correcto prohibir la asistencia médica para morir.

Confía en que la regulación de la inversión extranjera y privada favorecerá las condiciones de establecer regulaciones por razones de bien común; como los derechos económicos, de propiedad y de protección medioambiental de los ciudadanos.

Apuesta por un Chile descentralizado donde el 30% del gasto sea decidido en las regiones. Cree en el principio de subsidiariedad territorial y velará por otorgar mayores atribuciones a los gobiernos locales.

Cree que la educación debe ser un derecho garantizado para todos como principal clave para equilibrar las oportunidades de los ciudadanos. Lo anterior, siempre y cuando se otorguen amplias facultades para que la gente pueda decidir si optar por la educación que ofrece el Estado.

Llanos afirma que «la posibilidad que tuvo Chile de ser sede de la Cop 21 nos involucró a todos, autoridades y  población, en la responsabilidad de ser respetuoso de un medio ambiente sano, limpio saludable y sostenible. Hubo en todos los chilenos la conciencia de ser actores de un gran congreso ambiental y de exponer, al escrutinio de la comunidad internacional, nuestro comportamiento en el cuidado del medio ambiente».

No está por eliminar la inversión extranjera, lo que cree es absurdo y no tendrá un apoyo mayoritario en la Constituyente. Lo anterior, sin perjuicio que es el momento de analizar y reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con el estatuto que regula la inversión extranjera, sin prejuicios, lo que incluye evaluar la forma como ha funcionado para nuestro país la convención de Washington y el CIADI.

Aseguró que, el estado debe ser un garante de los derechos, velando y optimizando los recursos para cumplir con derechos sociales y ambientales.