El Ministerio Público tiene la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, la participación de los involucrados o en el evento la inocencia del imputado, lo cual redunda, en el ejercicio de la acción penal. En nada afecta el texto constitucional el ejercicio exclusivo de investigar los hechos punibles y la participación, como tampoco que el Ministerio Público, sea depositario del mandato de averiguar también aquellos que acrediten la inocencia del imputado.

Al no cumplir con el mandato expreso de los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, la magistratura vulneró el debido proceso del imputado al privarlo de conocer los fundamentos de la condena, así como de la posibilidad de ejercer oportunamente su derecho al recurso.

El requirente estima que la aplicación de estas normas atenta contra las garantías a un debido proceso y derecho de propiedad.

El acusado manejaba un vehículo en estado de ebriedad y con su licencia de conducir cancelada por la ciudad de Los Andes, cuando atropelló a un transeúnte provocándole graves lesiones, luego, huyó del sitio y fue detenido por Carabineros al día siguiente, tras ser fiscalizado en la comuna de La Reina. El máximo Tribunal estimó que la verificación de la participación del acusado en el atropello, no constituye una infracción al debido proceso.

De acogerse la inaplicabilidad se utilizaría a este Tribunal para crear recursos que no están reconocidos ni en la legislación sectorial y tampoco necesariamente lo están en la procesal civil, eludiendo lo mandatado por el legislador, a quien le corresponde normar en esta materia. Además, el empleador puede sostener su reclamo posteriormente mediante un recurso de nulidad, alegando vulneración de garantías fundamentales, no estando agotadas las herramientas para hacer valer su pretensión.

La medida cumple con ser necesaria: excluye el acceso a un beneficio respecto del cual se tiene una expectativa −ni siquiera un derecho− por un tiempo determinado, por lo que es menos restrictiva que muchas otras formas disponibles para el legislador para realizar este objetivo y que sean contenedoras de un equivalente nivel de eficacia. Además, es leve: regula la expectativa de ser destinatario de un beneficio.

Los magistrados se negaron a realizar la audiencia de factibilidad técnica, asistiendo a la audiencia de juicio oral de forma remota, lo que vulnera las normas que regulan la correcta incorporación de la prueba, para evitar la manipulación y adulteración de su contenido.

El máximo Tribunal declaró que tal enmienda no puede acusarse como una falta de imparcialidad del tribunal, debido a que el informe y el mentado error ya eran conocidos por la defensa, por lo que el acusado pudo preparar su defensa en todo momento sin existir una vulneración al principio de contradicción.

La requirente sostiene que la norma impugnada restringe su garantía constitucional a un debido proceso.

El requirente estima que la norma cuestionada atenta contra el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.