La CIDH consideró que el Estado de Argentina es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrada en el artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En los procesos sobre violencia intrafamiliar o en contra de la mujer, donde se estén conociendo derechos de presuntas víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, diligencias tales como la designación y citación de peritos, son actuaciones procesales de exclusiva competencia y responsabilidad de la autoridad judicial.
El derecho a la defensa no se agota con la mera posibilidad de presentación de pruebas, sino que precisa que esta pueda ser practicada, confrontada, contrastada, impugnada y sustentada.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
La recurrida actuó como una comisión especial al no cumplir con el procedimiento, el órgano, o el quórum debido, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.
Al decretarse nuevas diligencias por la SMA en aquel proceso sancionatorio, debió fijarse un plazo para ello y otorgar audiencia al administrado, pues son exigencias que velan por el debido proceso.
La Comisión y sus Relatorías llaman al Estado de Cuba a cesar la represión contra sus ciudadanas y a garantizar el debido proceso y el trato digno a quienes se encuentran detenidos.
El actuar de la recurrida resultó ser arbitrario, pues aún cuando notificó por correo electrónico al actor, desconoció sus alegaciones de haber recibido información incompleta del proceso.
Las garantías del debido proceso son aplicables a los procesos de evaluación o ratificación de un funcionario público.
La recurrida omitió de manera arbitraria dar continuidad a las etapas que integran el proceso de selección y, en consecuencia, desconoció la legítima expectativa del derecho del concursante.
