Ante el máximo Tribunal se encuentra pendiente de resolver un recurso de aclaración, rectificación o enmienda respecto de la sentencia que resolvió rechazar el recurso de queja aludido, siendo ésta la gestión pendiente invocada.
La norma impugnada establece, en relación a la oportunidad procesal en que se puede acompañar la prueba documental, que “los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia”.
Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional el artículo 365 del Código Penal, en relación a una causa seguida ante un TOP de Viña del Mar.
El TC verificó que la gestión invocada en el requerimiento se encuentra fallada por sentencia ejecutoriada y que el cumplimiento de lo resuelto está aun pendiente ante el juez del fondo que decretó un embargo.
El TC ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre una impugnación análoga al rechazar una acción de inaplicabilidad descartando que la norma de la Ley de Quiebras cuestionada fuera contraria a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y a la garantía general de que los preceptos legales que regulen derechos constitucionales no podrán afectarlos en su esencia.
El requirente afirma que las disposiciones que impugna son contrarias al DL Nº 993, el cuál “tiene la misma fuerza obligatoria de las Leyes”; y refiriéndose a ese cuerpo normativo expresa que “desde 1973 hasta la vigencia de la Constitución de 1980, y sus modificaciones, se estableció un ordenamiento jurídico provisorio, en que la regulación legal se efectúa por medio de Decretos Ley(es)…”.
Se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y otro de inconstitucionalidad en contra de una resolución exenta dictada por el Servicio Agrícola y Ganadero y de una norma contenida en la ley orgánica de ese servicio, los que inciden en un juicio de reclamo de acto administrativo tramitado ante un juzgado civil.
El requirente estima que una audiencia de características tan limitadas lo priva de su derecho a defensa al impedirle hacer alegaciones y promover incidentes.
Se solicitó la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 133 del Código Tributario en relación a una gestión pendiente constituida por sendos recursos de casación en la forma y en el fondo que se interpusieron ante la Corte Suprema.
El TC reiteró que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución, lo que exige que se dirija en contra de normas precisas de jerarquía legal, concernidas en una gestión jurisdiccional y que eventualmente puedan violentar alguna norma constitucional,
