El fallo explica los términos en que es reconocida la intervención de terceros en el proceso en nuestro ordenamiento jurídico.
Frente a la falta de una efectiva investigación y fiscalización de la SEC, queda en evidencia la necesidad de realizar un recalculo de los montos a cobrar al actor.
De una interpretación armónica de los artículos 128 y 129 de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, fluye que la sentencia definitiva que, rechazando la oposición del deudor, ordena su liquidación, es apelable en el solo efecto devolutivo.
El artículo 25 de la Ley N°19.880 se aplica durante toda la sede administrativa, es decir, hasta antes de la judicialización del proceso, cuestión que incluye el cómputo de los plazos para presentar los recursos que procedan en sede jurisdiccional.
El actor sostiene que se interpreta incorrectamente el plazo dispuesto en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley N°18.843.
Al Gerente General le corresponde proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La acción pretende que se declare la existencia de un derecho, lo que no es posible, ya que en la especie no se encuentran indubitados o probados los derechos y obligaciones del recurrente.
Sólo resulta apelable la resolución que resuelve el fondo de la acción cautelar.
La Corte de Santiago había acogido la excepción de incompetencia opuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente.
