La Corte de Santiago deberá conocer la acción constitucional y pronunciarse sobre la misma, pese a negar su tramitación en primera instancia.
No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.
Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.
Al no encontrarse dentro de las causales excepcionales, debía mantener un matrimonio de tres años de antigüedad con el oficial castrense. Por lo que, carece de un derecho indubitado amparado por el recurso de protección.
No se puede reformar la sanción en perjuicio del reclamante, pues se vulnera el principio de “reformatio in peius”.
Dado que el ordenamiento jurídico le concede una serie de recursos administrativos ante la autoridad sanitaria para poner término la situación descrita.
Recurso de protección acusa omisión en el deber legal de cuidado de los bienes nacionales de uso público, exponiendo al riesgo a peatones y automovilistas que circulan por “calles repletas de hoyos”.
Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.
El organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fundamentó su decisión en un pronunciamiento de la Contraloría que señaló que las autorizaciones excepcionales de almacenamiento sólo pueden concederse por una sola vez.
La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.
