La decisión de la recurrida fue adoptada de acuerdo con la normativa legal vigente, por lo que no se vislumbra que el acto sea arbitrario ni ilegal.
La resolución de la SUSESO vulnera el derecho a igualdad ante la ley y el de propiedad, toda vez que hace radicar en él el peso económico del accidente, en circunstancias que, de haberse decidido conforme a derecho, se encontraría cubierto por el seguro de accidentes del trabajo.
Habiéndose acreditado la infracción, y aplicada la sanción, la multa impuesta por la CMF se encuentra ajustada a derecho.
La decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además infringe la igualdad ante la ley, toda vez que representa una discriminación de trato respecto del resto de la población.
Al haber sido despedida la actora en agosto de 2021, el plazo para interponer la demanda de despido injustificado se inició el 1 de diciembre del mismo año.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
No existe disposición alguna que permita al tribunal, de manera previa a la aprobación y ejecución del plan, inhibirse del conocimiento de la demanda por daño ambiental.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El acto al tener la naturaleza de decisorio impide que en el mismo procedimiento administrativo se aduzcan nuevas alegaciones o se agreguen documentos u otros elementos de juicio.
El máximo Tribunal dispuso que no se podrán efectuar obras de ningún tipo, mientras el proyecto en cuestión no cuente con una respuesta a la consulta de pertinencia que lo exima de someter las obras al sistema de evaluación.
