(…)debe aplicarse “plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5º de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio artículo 21 ? 1 b), los fundamentos de las decisiones son «públicos una vez que sean adoptadas».

(…)así ocurre en aquellos casos en que “la falta personal ha sido cometida en el servicio o con ocasión del servicio” y en que los medios materiales de la falta “han sido puestos a disposición del culpable por el servicio”.

El recurso denunció vulneración de los artículos 141, letras b) y d), de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y 11 de la Ley Nº 19.880, porque el fallo impugnado confundió el plazo para interponer el reclamo de ilegalidad ante la autoridad municipal con el término previsto para reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva.

“se explaya latamente sobre cada uno de los variados puntos que fueron materia de debate, exponiendo en cada caso las adecuadas reflexiones que en relación a los hechos y el derecho condujeron a los jueces a adoptar la decisión impugnada”.

La Corte Suprema, al desestimar el recurso de casación en el fondo, razona que la sentencia recurrida “incurre en yerro jurídico” al considerar que “el Alcalde conjuntamente con el Concejo Municipal carecen de la facultad de decidir acerca de la no renovación de una patente de alcoholes municipales”.

“la calificación de daño ecológico significativo queda demostrada”, con lo cual se da por acreditada “la relación de causalidad entre la conducta imputada a la demandada y el perjuicio originado al medio ambiente, que consistirá precisamente en la desaparición del Embalse Pitama”.

«fallecimiento se produjo por causas absolutamente ajenas a ella y del todo imprevisibles, originadas precisamente el día que iba a ser dada de alta y cuando tanto ella como en su casa esperaban felices su regreso al hogar, todo lo cual produjo que el demandante estuviera muy mal física y mentalmente”.

(…)en la medida que exista “una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos”, pues existe “una correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar”.

como lo ha resuelto el Tribunal Constitucional en el Rol Nº 370, oportunidad en que esa Magistratura señaló que esta forma de regulación es plenamente constitucional, en la medida que exista “una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos”, pues existe “una correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar”.

Se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó el rechazo de una demanda de nulidad de derecho público. El recurso denunció –entre otras normas- vulneración de los artículos 6 y 7 de la Constitución, aduciendo falta de investidura regular de una […]