Chile adopta un sistema de tipicidad mixta que reconoce situaciones abiertas descritas en la Constitución chilena, cuya interpretación corresponderá al propio Senado en las situaciones previstas por la ley, lo que genera cierta confusión. Es decir, Chile al mismo tiempo adopta el sistema brasileño, que obliga a tipificar los delitos de responsabilidad en los términos de la ley, así como termina adoptando el sistema norteamericano, dejándolo a la libre voluntad del Senado, abriendo la posibilidad de interpretación analógica, extensiva o in malan partem y no sólo restrictiva.

La sentencia malentendió la legislación sobre datos personales y omitió un hecho fundamental de la causa. La Ley Nº 19.628 reconoce un derecho de cancelación, declara que las políticas de privacidad que lo omiten son inválidas, y no permite limitar el derecho para fines de investigación científica e histórica. Pero esta última fue, precisamente, la causal invocada por la recurrida para retener los datos neuronales del recurrente.

Respecto a las obligaciones generales del Estado en relación con los derechos, es decir que se aplican a todos los derechos, el ante proyecto por una parte presenta continuidad con el texto vigente y, también, innova. Innova cuando señala, en su artículo 1º, que su respeto y garantía (el de la dignidad y derechos) es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. También lo hace cuando se preceptúa un deber general de acción de que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten.

La amplitud, flexibilidad y razonabilidad de los principios expuestos no se condice con agregar al final “y los demás que establezca la ley”. Esto no quiere decir que la ley no deba establecer principios, de hecho, lo hace en el artículo 3° de la Ley General de Educación, sino que estos que la ley establece no deben ser constitucionalizados al incorporar el texto constitucional una mención expresa a estos.

Preocupa que algún servicio público pueda accionar después de monitorear Internet y RRSS, porque nunca será transparente ni objetiva esa calificación de “contenido que desinforme”, y darle competencia formal por ley a alguna entidad pública para hacerlo (puede que ya se esté pensando), inevitablemente abrirá los espacios a los errores o al descriterio en la ponderación, y eventualmente a algún perjuicio para el sujeto activo generador de la supuesta desinformación o imputado por la supuesta noticia falsa.

Mientras nos encontramos a la espera del reglamento que regule la hospitalización psiquiátrica involuntaria establecida en la ley 21.331 sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, es que propongo una breve revisión histórica y legislativa, desde la Casa de Orates de 1852 y la primera ley (ley de Casa de Locos) que fue promulgada en 1856 hasta nuestros días, con el fin de tener una referencia de cómo en Chile se ha tratado esta materia.

Queda claro, como lo ha señalado toda la oposición venezolana, que estamos ante una inhabilitación absolutamente fraudulenta que viola no solamente el orden constitucional venezolano sino que también transgrede, entre muchas otras normas, los principios del derecho internacional de los derechos humanos referentes a la protección del derecho a la participación política de los ciudadanos.

La creciente constitucionalización de los derechos sociales ha traído consigo una problemática muchas veces ignorada, pero cuyas consecuencias pueden ser graves para el equilibrio presupuestario y la institucionalidad: el papel que han tomado los jueces al fallar desconociendo el mandato de las leyes y suplantando el rol del legislador.

Nuestro país se encuentra en un proceso constituyente donde se definirán las normas y principios que guiarán el devenir nacional en las próximas décadas. La Constitución es también una carta de presentación frente a la comunidad internacional, en que damos a conocer los lineamientos centrales de la República, de nuestro régimen democrático y de aquellas materias que como sociedad consideramos más relevantes. Por ello, es que nos parece vital incluir en ella una mención expresa al Territorio Chileno Antártico, por el singular significado que él posee como parte del territorio nacional y por las razones políticas y jurídicas que desarrollamos a continuación.

Si bien, la jurisprudencia de los tribunales no tiene efecto obligatorio general y es considerada como fuente formal del derecho como fuente generadora de normas jurídicas individuales para las partes, en la práctica, las sentencias de los tribunales superiores de justicia, en especial, de la Corte Suprema de Chile, tienen efecto general prima facie, en especial cuando existen criterios jurídicos asentados frente a presupuestos fácticos similares.

En el Protocolo se establece que bajo ninguna circunstancia se realizarán distinciones ofensivas debido a la identidad de género, expresión de género u orientación sexual de las personas. Estas conductas incluyen: Uso incorrecto de los pronombres al llamar a la persona, comentarios o expresiones sobre la apariencia física, vestimenta, forma de hablar, actuar, o expresarse de las personas, risas, gestos de burla o de rechazo, el impedir acudir a los servicios higiénicos conforme a su identidad de género y expresión de género.

La ley se refiere en cada caso específico a ciertos actos suscritos o no ante notario, con o sin intervención del mismo, y que van desde la suscripción de poderes simples (sin intervención), autorizaciones de firma, tanto en formato papel como en forma electrónica -FEA-, y escrituras públicas (con intervención). No obstante, hay algunas situaciones que no quedan muy claras en la ley, pues entrañan un retroceso en los procesos notariales y que refieren al registro; en especial, de derechos de aprovechamiento de aguas y de servidumbres de servicios eléctricos, o de gas.

La persona afectada con la información que tiene el efectivo potencial de hacerse masiva con la red de publicación, en buena medida carece de defensa y de acciones efectivas para poner fin inmediato a la vulneración de sus derechos fundamentales en medios informáticos. Así es como las Cortes, en su rol tutelar de derechos fundamentales, deben ser especialmente celosas en custodiar que estas plataformas no se transformen en una impune tribuna para concretar daños quizá irreparables a la honra de las personas.

Luego de una serie de declaraciones cruzadas, entre el Servicio Electoral y del INJPL, el Senado ha solicitado al Ejecutivo “un proyecto de ley que establezca un procedimiento eficiente de denuncia y cobro de multas para quienes no sufragaron en los últimos procesos electorales”, fortaleciendo los recursos humanos y materiales que las municipalidades deben destinar a este efecto, aparejado de la circunstancia que el Servicio Electoral efectúe una selección previa de los denunciados ante el Juzgado de Policía Local. En lo fundamental, se solicita al Presidente de la República»la urgente presentación de un proyecto de ley para que las denuncias a los Juzgados de Policía Local sean efectuadas una vez que el SERVEL realice un filtro de los casos que, de acuerdo a la norma, sean justificados y, de esta forma, a los Juzgados de Policía Local sólo lleguen aquellos casos que no sean justificados administrativamente».

Durante las últimas décadas el terrorismo se ha convertido en un fenómeno social capaz de establecerse férreamente en cualquier Estado, con objetivos claros y con métodos de ejecución del terror de carácter transversal. La lucha contra estos grupos y personas se distingue en razón del ordenamiento jurídico de cada Estado, así como también de la voluntad política de los gobernantes de turno que equipan y distribuyen fuerzas para el combate. Por lo anterior, ¿será necesario que el proyecto constitucional establezca un concepto claro de terrorismo a diferencia de la Constitución vigente? ya que es el natural que el Estado proteja a su grupo humano, su soberanía, el territorio y sus intereses.

Una de las características más engañosas del populismo es su apuesta por el efecto taumatúrgico de la ley. Promete soluciones rápidas y contundentes, pero evita abordar los desafíos reales en cuanto a recursos humanos y materiales que enfrenta el sistema de justicia. La reforma a la Justicia civil no puede ser abordada de manera ilusoria, esperando que una simple ley sea suficiente para resolver los problemas estructurales. Es necesario destinar los recursos adecuados y proporcionar el apoyo necesario para afrontar este desafío de manera efectiva.

A primera vista pareciera que nuestro sistema considera un efecto relativo de las sentencias, lo que tiene efectos en todo el sistema institucional. En este sentido, quien establece reglas generales es el legislador y quien resuelve los temas particulares son los jueces. Esto contrasta con el sistema norteamericano, donde las sentencias de la Corte Suprema generan el denominado precedente, y sus efectos son vinculantes para el resto del sistema jurídico, cosa que no pasa en Chile debido a que las sentencias, aparentemente, tienen efectos relativos, y los jueces siempre reivindican su total independencia para resolver los casos particulares sometidos a su conocimiento.

Un caso incomprensible en pleno Siglo XXI, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional. En definitiva, es evidente que el mundo está mucho menos organizado de lo que se creía, y que un autócrata incontrolado de una gran potencia, puede agredir a un país vecino, pretender ocuparlo, y violar todas las normas internacionales, sin que la abrumadora mayoría de los países que se oponen, haya logrado controlarlo, y mucho menos, imponer la paz.

Es evidente que su vigencia implicará diversos cambios en las prácticas y funcionamientos de las instituciones. Sin embargo, para su correcta o deseada aplicación este proyecto requiere del fortalecimiento del Ministerio Público y las policías. Asimismo, más allá de los cambios que se introducen al Código Procesal Penal, existen una serie de temas pendientes a discutir en materia procesal cuya reforma también pareciera necesaria a la luz de tan ambicioso proyecto.

Si bien podemos considerar que el endurecimiento de las penalidades e incluso las nuevas multas que se consagran que se amplían proporcionalmente al valor de lo defraudado, pueden ser apropiadas, resulta importante plantearse cuál es el límite de dicha ampliación, cuando se eliminan garantías penales que otro tipo de delitos (muchos más cruentos) sí contemplan. Como es la atenuante de irreprochable conducta anterior y la posibilidad de cumplir una pena sustitutiva distinta a la cárcel efectiva.

Para este año tributario el SII señaló que son al menos 141 los “influencers” con presencia en redes sociales (Instagram, TikTok) y que podrían estar recibiendo retribuciones significativas en dinero o especies a cambio de la publicidad de bienes y servicios. Conocido fue el caso de una influencer chilena que hace poco tuvo que pagar una millonaria deuda de impuesto.

En Chile el uso abusivo de la imagen viene cobrando importancia hace varios años, en ese sentido no se puede dejar en el olvido, casos como el del “Cisarro”, “Wena naty”, “Zafrada” o el niño que de despide de su mascota “Chimuelo”, videos que se volvieron virales. Incluso, algunos de ellos dieron la vuelta al globo. Si bien es cierto que en Chile el año 2022 se produce un suceso relevante, pues se publica la Ley 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, no existe una disposición legal específica a este respecto, es decir que se haya empleado específicamente para esta práctica que viene cobrando cada vez más fuerza con el correr de los años.

La figura del pagaré electrónico ha sido parte de la discusión pública durante años, sin embargo, no se ha concretado ningún proyecto para convertirlo en una realidad. En el contexto económico y legislativo actual, tiene sentido volver a impulsar la iniciativa y, de esa forma, aportar a la construcción de la infraestructura que les permita a actores desatendidos poder acceder a un mercado financiero u optar a mejores condiciones financieras.

La nueva legislación que muy pronto comenzará a operar[5], ratifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, públicas y privadas, aumentando los delitos, entre los cuales destaca la colusión, imponiendo penas y agravantes más exigentes, tales como la extinción de la persona jurídica, la prohibición de contratar con el Estado, sin condicionantes, la supervisión de un tercero-funcionario (sujeta a reglamento), y la pena de días-multa.

El Derecho Administrativo, por regla general, establece “moldes”, en pos de la uniformidad, tal como acontece con el Gobierno y Administración Interior del Estado. Con todo, a veces es necesario romperlos. Simplemente, porque no se puede igualar lo que no es igual. Y eso es precisamente lo que acontece con los Territorios Especiales. Aunque siempre reconociendo al menos dos límites: (i).- Ellos deben ser especiales (por tanto, no pueden abarcar gran cantidad del territorio nacional de suerte tal que dejen de ser tales y se conviertan en la generalidad); y (ii).- No pueden poner en entredicho el Estado unitario, en especial a través de sus respectivos estatutos especiales.

Además del expediente del ejercicio abusivo del derecho, también se ha acudido al de la recognoscibilidad del error, en tanto el consumidor, actuando con cierta diligencia, podía percatarse de la equivocación en la que incurrió el proveedor, por lo que no era plausible que la información que le fue suministrada haya sido capaz de provocar una confianza razonable.

Este texto analiza la sentencia «A.G. de Productores de Leche con NotCo» desde la perspectiva de los sesgos cognitivos de los jueces. Se identifican posibles sesgos en ella y se destaca la importancia de su reconocimiento para el debido proceso.

Si en definitiva se quiere ser consecuente y si se aspira a evitar todo equívoco, correspondería redactar el art. 17 N° 1 en los siguientes términos: “La ley asegura a todas las personas el derecho a la vida, desde que esta comienza como tal. Son personas todos los individuos de la especie humana cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Se prohíbe la pena de muerte”. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de una debida clarificación, corresponde agregar que el Estado estrictamente no puede asegurar a nadie el derecho a la vida, sino el de “protección de la vida”.

No sería robusto jurídicamente que la propuesta reciente se haya hecho eco del lobby que se desplegó antes del 2018 y que se ha consignado hace poco en una columna, en cuanto a que el mero señalamiento de que se protegen los datos personales es lo idóneo como técnica legislativa. Claro, a los responsables de tratamiento les acomoda que cada titular y propietario de sus datos nominativos no pueda interponer en su contra una acción constitucional específica ante un Tribunal de Alzada, pero aprobarlo así no es la Política Pública que se espera proteja a las personas naturales y a sus antecedentes nominativos.

El apoyo a Ucrania se reitera constantemente, condenándose enérgicamente la invasión rusa, como violación de la Carta ONU, como una amenaza a todo el mundo, aumentar las acciones concretas, el apoyo diplomático, financiero, humanitario y militar, y contrarrestar sus efectos negativos en el resto del mundo. Se añaden, los esfuerzos de desarme y no proliferación nuclear, como, asimismo, una economía global, impactos inflacionarios, una política fiscal orientada a grupos vulnerables, promoción de la inclusión, diversidad e innovación, digitalización de la economía y tributación estable y justa; lograr avances en la Cumbre de París del 22 y 23 de junio próximo, decididos a asumir un papel de liderazgo, particularmente en la implementación del Marco Común para el tratamiento de la deuda de países de bajos y medianos ingresos.

Una de las barreras de acceso a la justicia que ha sido identificada por la OCDE es la escasez de oferta de servicios legales para cierto tipo de problemas justiciables, entre otras cosas, por el tipo de abogados que estamos formando en las universidades. En este sentido, un problema es la forma en que estos aprenden: metodologías centradas en la exposición de contenidos, énfasis en la memorización de contenidos, donde no existe trabajo de habilidades blandas que facilitan la flexibilidad necesaria al momento de un acercamiento a comunidades y personas que no son abogadas.

La sentencia contra Not Company plantea una serie de dudas en torno a la protección de la innovación y la libertad empresarial en la industria alimentaria, desde una perspectiva tanto legal como científica

Nuestra decisión debe quedar motivada por la comparación de ambos textos – el que se nos propondrá y el que nos rige –  para elegir aquel que satisfaga mejor nuestros anhelos de libertad, progreso y orden institucional. En esta tarea de cotejo de textos y reflexión de contenidos debemos adoptar una actitud objetiva, abandonando los prejuicios y todas aquellas consideraciones ideológicas, añejas, gastadas y revanchistas que nada aportan a un análisis serio acerca de su contenido y se encuentran hoy completamente superadas.

Un sistema procesal familiar debe ser principialista, el cual podemos definir como el sistema procesal familiar elaborado a partir de componentes legales esenciales –explícitos e implícitos- a partir de los cuales deben aplicarse las normas o bien interpretarse o bien suplirse. Son componentes, aún los implícitos, de derecho positivo pues están contenidos en su esencia, y por ende, estos principios, aún y cuando no estén expresos, deben estar sometidos al control de la legalidad y desde luego de constitucionalidad.

La ejecución concreta de esta norma no ha estado exenta de polémica en su aplicación práctica, ya que se debe ponderar: por una parte, el derecho de las personas a acceder y usar colectivamente el bien público “playa” en uso de la garantía constitucional que asegura la libertad de tránsito o locomoción; y, por la otra, la afectación al derecho de los dueños de los terrenos en donde éstos se fijen, siendo aquella una carga que se impone mediante la dictación de un acto administrativo, cuyo fundamento se ha dado en base a la función social de la propiedad consagrada en la Constitución Política de la República.

Para intentar determinar la fisionomía del derecho al olvido, ha expuesto el máximo Tribunal que han de considerarse, caso a caso, distintos criterios, tales como:  la existencia de un interés público relevante que prevalece; la falta de actualización de los datos; la irrelevancia actual del dato; el exceso de datos comunicados en relación a la finalidad perseguida; la  modificación en las circunstancias que impediría cumplir con la finalidad original; que la información se refiera a personajes públicos; fines estadísticos, históricos o artísticos; o la afectación concreta al derecho fundamental que se “sacrifica” con la medida, lo que se traduce en la necesidad de probar la afectación y el perjuicio que experimenta el recurrente.

Que se traten los datos personales de los consumidores significa, desde una perspectiva muy amplia, que se subsumen en la Institucionalidad de la Protección de Datos Personales todas las operaciones que realice un proveedor o un prestador de servicios con la información de sus clientes referidas a –y es una referencia “numerus apertus”- cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma. 

A lo largo de todos los conflictos bélicos que la historia de nuestra humanidad conoce, la violencia sexual se ha utilizado de manera sistemática, con el fin de suprimir los derecho de las mujeres y niñas con el objeto de someterlas sexualmente a la humillación, pérdida del honor, libertad sexual e integridad corporal frente al ataque de ejércitos o grupos armados en medio de un conflicto bélico en donde la violencia sexual empleada, trasgrede todos sus derechos humanos siendo el campo de batalla los cuerpos de cada una de ellas, como desalmados actos que siembran el terror al ser utilizadas como arma de guerra.

El pasado 3 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer públicamente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales de ciento trece páginas donde se señala que hubo un contexto de discriminación, de desigualdad que han generado la exclusión en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de estigmatizar a quienes protestan con el que potencialmente los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques; lamentablemente los actos de discriminación no son nuevos en nuestra sociedad sino que viene como mal endémico desde inicios mismo de la República que en 200 años parece que aún no se ha superado.

Desde una perspectiva sociopolítica, las reivindicaciones sociales se trasladan desde el ciudadano al Estado, el que empieza a incorporar entre sus funciones la asistencia social, hecho que no significará la reducción de la función del Estado del traspaso de la caridad privada a una pública, sino que genera un conjunto de derechos que protegen a los trabajadores y sus familias, lo que transforma la concepción de la función del Estado entendida ahora como una responsabilidad jurídica, garantizada a nivel constitucional, donde la persona necesitada deja de ser objeto de la relación asistencial y se convierte en un sujeto portador de derechos.

Más allá de los efectos en la misma liquidación y lo dispuesto en el art. 3 inc. 2 del Código Civil, cabe preguntarse si la norma podrá tener efectos prácticos en los procesos penales. En principio, legalmente la resolución que resuelva este incidente y establezca la declaración de mala fe en la liquidación no debiese tener mayor efecto en sede penal. Responsabilidad civil y penal son independientes. Asimismo, sabemos que mala fe y dolo son conceptos diferentes. Por otro lado, los delitos concursales que establece nuestro Código Penal son figuras dolosas, descartándose generalmente el dolo eventual.

La hiperconstitución tiene como efecto más patente el que, bajo su imperio, los órganos constituidos, no podrán adoptar, total o parcialmente, decisiones que naturalmente les corresponden, sino que ejecutar aquéllas adoptadas previamente por el hiperconstituyente, pasando así a ser simples ejecutores de lo decido por éste.

La necesidad de un nuevo proceso constituyente se impuso en el Congreso Nacional y se llegó a un acuerdo que adquirió su expresión normativa en la Ley N°21.533 de Reforma Constitucional. Esta contiene disposiciones que crean un nuevo procedimiento y nuevos órganos para la redacción de una nueva Constitución, además de doce puntos que se han definido como ‘‘bases institucionales’’. Esto plantea diversas preguntas: ¿Cómo debemos entender la naturaleza jurídica de estas bases institucionales? ¿Cuál es el alcance que consideran el respeto de las bases?

La conexión con el concepto de empresa permite objetivar la relación de subordinación, en el sentido que deja de ser un vínculo entre el trabajador y el empleador-persona natural, para convertirse en una relación que liga al trabajador con un orden objetivo, con una organización preestablecida cual es la empresa. Por consiguiente, lo fundamental para que se configure la subordinación viene a ser que el trabajador se incorpore en esta organización, quedando así sujeto al orden -sub ordinem- en que toda empresa esencialmente consiste.

Leer un enunciado normativo por correcto, justo y necesario que sea, no es sinónimo de efectividad; leer la norma no significa que se comprenda y tampoco que sepamos qué ocurre en la realidad que se nos debería presentar; la heteronomía del derecho en ocasiones requiere de un aparto coercitivo, como el proporcionado por el poder judicial. Formular que la Ley indica que el carnet está vigente y que por tanto no existe desigualdad, es contrario al saber y a la realidad.  

Conforme a esta jurisprudencia de la Corte Suprema, que llamo “proporcionalidad-igualitaria”, la Administración, al momento de determinar la sanción a aplicar en un caso concreto, no sólo deberá considerar las reglas dispuestas al efecto por la ley, sino que también su práctica pasada, esto es, las sanciones que ha aplicado con anterioridad a “eventos semejantes”, “situaciones de similar entidad” o “precedentes asimilables”.

El dictamen metapericial o critique evidence, nombre con el que se conoce y utiliza en el sistema anglosajón del common law, en su esencia busca apoyar al sentenciador a resolver el conflicto que tiene a su vista, pero cuyo objeto de estudio, como ya se señaló, se centra en revisar y determinar si el informe del experto cumple o ha cumplido con los requisitos formales y objetivos de fondo para el cual fue solicitado y aportado en el proceso. No obstante, este dictamen, como todo medio de prueba, debe necesariamente ser regulado para permitir su entrada al juicio y regulado en su valoración, independiente de la sede jurisdiccional.

No se establece ningún deber de cada uno con los demás y con la comunidad. Pareciera que somos individuos sin vínculos sociales que nos obliguen más allá de los más evidentes como padres, encargados públicos, proveedores, etc. Y esto no queda compensado por las referencias a la solidaridad en la organización territorial o fiscal que contiene el texto propuesto, las que están básicamente referida al orden estatal. La propuesta, se desmarca de la Declaración Universal, pero también de una rica tradición latinoamericana que ha ubicado a los deberes como elementos básicos del orden democrático y como correlatos de los derechos.

Tratándose de los/las pacientes que son menores de edad, se ha entendido que debe ser una persona adulta quien decida por él/ella, a fin de alcanzar su mayor bienestar; sin embargo, esta situación afecta sustancialmente su participación activa en la toma de decisiones vinculadas con su salud, al no considerar su autonomía.

El Código Civil consagra dentro de sus disposiciones diversos nudos espistemológicos de género, frutos de la realidad histórica y cultural en la cual dicho cuerpo legal tiene su génesis. En la actualidad varias normas han sido suprimidas (como la derogación por la Ley 20.830 del artículo 128 vigente desde 1857 que impedía a la mujer contraer segundas nupcias inmediatamente de haber quedado nulo o disuelto el matrimonio anterior para evitar confusiones de paternidad que hoy se resuelven mediante un examen de ADN), muchas otras siguen vigentes envolviendo a la mujer en un manto de incapaz relativa que atenta en contra de sus derechos, perpetuando la violencia estructural.