Suelo pegajoso y techo de cristal, dos conceptos creados para efectos de retratar la situación de la mujer en el ámbito laboral, los cuales son recogidos por el cine, constituyendo una gran herramienta para evidenciar la dificultad que históricamente sufren para despegar profesionalmente y alcanzar altos cargos.

El reciente debate suscitado a raíz de la consagración del derecho a la objeción de conciencia en el Consejo Constitucional plantea algunas interrogantes que deben ser dilucidadas. ¿Pueden las personas jurídicas invocar derechos que históricamente pertenecieron a las personas naturales? ¿Abre la puerta la objeción de conciencia institucional a excusas para incumplir la ley arbitrariamente? ¿Qué implicancias tiene el reconocimiento a las instituciones de invocar el derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento?

Cada cierto tiempo aparecen corrientes de pensamiento que creen que los derechos humanos son una molestia a la seguridad ciudadana y que deben ser tratados como un asunto puramente doméstico en un Estado, al margen de su carácter y principio de universalidad y del modelo democrático que lo acompaña. Sin embargo, no es posible separar estas dos instituciones jurídicas constitucionales, Derechos Humanos y Democracia van juntos, la existencia de uno depende de la existencia del otro, si uno de ellos es violentado y el otro también sufre esa vulneración y si uno es atacado el otro también lo es.

Hay un ambiente poco esperanzador, de división y de acuerdos difíciles, y algunos, imposibles. Así, se alega que la institucionalidad vigente por casi ochenta años, no está claramente adecuada a los desafíos de hoy. Mucho menos, pues no faltan aquellos que, poco a poco, se apartan de los consensos alcanzados por tantos años. El riesgo es real, como una forma de debilitar el sistema. Son muchos los signos que lo atestiguan, y no pocos los que lo incentivan, mostrando oposiciones o cediendo a nuevas corrientes, algunas sustitutivas de aquellas que creíamos invariables.

El problema es que en el Pleno del Consejo se han adoptado criterios ya abandonados, como es tal “democracia protegida” y, además, con las herramientas suficientes que dejan la puerta abierta para un abuso político de tales mecanismos, sea en contra de opositores políticos, sea en contra de dirigentes sociales o estudiantiles, o incluso de la misma ciudadanía civil que ejerza su derecho a manifestarse, teniendo un severo riesgo de asumir un autoritarismo e incluso persecución política, a pretexto de perseguir supuestos casos de “terrorismo” o “contrarios a la democracia”.   

Todos los casos de hackeo o accesos indebidos (Minsal, Clave Única, Banco Estado, Chilecompras, Servel, etc.) debieran ser un primer objetivo, porque además de su legitimación tendrán que dar razón de haberse adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad y de ciberseguridad. Sería el ideal que se auditara en conjunto con la otra, con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad.

El supuesto duelo entre el restablecimiento del derecho y la protección del ofendido lo gana siempre la tutela del agraviado. En nuestro sistema no resulta correcto intentar plantear una vertiente objetiva independiente del recurso de protección. Lo impide tanto su especial naturaleza y finalidad como el deficiente diseño del tribunal de protección que, según diremos, dificulta y derechamente atenta contra la uniformidad jurisprudencial.

Se restringió el bloque al excluir los derechos implícitos y, con ello, se pone en riesgo el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pues no se harán vinculante aquellos derechos implícitos a pretexto de una norma interna, infringiendo con ello dos normas de la misma Convención de Viena, como son el cumplimiento de buena fe como, además, la prohibición de incumplir obligaciones internacionales a pretexto de norma interna.  

Un repaso por la historia constitucional de la educación permite concluir que la educación provista por el Estado nunca estuvo realmente presente en la Constitución, pues la educación pública reglamentada era toda aquella dirigida por el Estado sin importar quien la proveía. Fue esta dirección la que se intentó limitar en 1980, debido a que la institucionalidad tradicional conformada hasta ese momento cedió en 1971, frente a los intereses particulares del gobierno.

el TC concluye que la ausencia o insuficiente esclarecimiento (que a su vez generó confusión, dudas y/o interpretaciones propias -más allá de que hayan sido o no las adecuadas- por parte del demandante, de lo cual no fue responsable) y razonabilidad de las reglas procedimentales afectó el derecho de participación política del Partido Aprista Peruano (PAP).

En estas líneas, el autor realiza un breve ensayo sobre la importancia de la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, como un primer acto de Chile formándose como una Nación soberana e independiente, ello en la medida que ese acto sería el hito iniciador del proceso independentista, que sería seguido por los primeros textos constitucionales y que quedaría definitivamente consolidado con el Juramento de la Independencia, del 12 de febrero de 1818.

El principio de juridicidad y legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley Nº 18.575, impone a los Órganos de La Administración del Estado el deber de sujetar estrictamente su actuación a la esfera de su competencia y la prohibición de ejercer más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico de manera que, para certificar que un proyecto de subdivisión de predio rústico cumple con la normativa vigente, el Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”) no puede imponer el cumplimiento de requisitos no contemplados en la Ley.

Cualquier mal cálculo o un simple error, podría derivar en una conflagración mayor. Todos lo saben, desde el propio Putin que procura no agredir a ninguno de sus miembros, aunque lo quisiera, e intenta atraer aliados, organizando reuniones y regalando trigo. Tampoco los occidentales, la solidaridad con Ucrania tiene sus límites y las peticiones de más y sofisticados armamentos, están dosificadas y calculadas. Una guerra más amplia, en definitiva, no beneficia a nadie. Conviene recordarlo, pues como toda confrontación, se sabe cuando se inicia, pero nunca cuando termina.

Un cambio radical para el ecosistema chileno de pagos electrónicos puede ser lo que determinó el artículo 31 de la Ley Fintec, cuando se modifica la Ley Orgánica del Banco y establece que “las órdenes de pago comprenden legalmente a las recaídas en tokens o en representaciones digitales, de unidades cuyo valor sea directamente determinable y respaldado en función de dinero”, sea que se trate de moneda nacional o extranjera, o bien, de documentos en que consten obligaciones pagaderas en cualquiera de esas monedas.

Arévalo ha ganado, sin embargo, ahora empieza el camino más difícil. El presidente electo, quien expresamente señaló que “los problemas del país no se van a resolver en cuatro años pero que podían empezar a hacerlo si se trabaja con responsabilidad y honestidad”, deberá gobernar a un país de 17,6 millones de habitantes en donde el 60% de la población vive en la pobreza, y que presenta graves carencias en áreas como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura.

No está de más señalar que esta posición del juez constitucional costarricense desde el 2017 es más que insólita: una rápida búsqueda permite confirmar que sus homólogos en otras latitudes del continente americano no tienen ninguna reserva en calificar la participación ciudadana en asuntos ambientales como un  “derecho”. A modo de ejemplo entre muchos, es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Chile así como de la Corte de Constitucionalidad de Colombia o bien de la Corte de Constitucionalidad del Ecuador.

Quizás, en algo ayudaría, que los fallos de los Juzgados de Letras, que ordenan inscribir (pese a la negativa de los Conservadores de Bienes Raíces) suban en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva, para que el asunto, al menos, tenga oportunidad de ser revisado por un tribunal superior de la república, en aras del interés nacional, valor jurídico comprometido en las adquisiciones de terrenos de indígenas.

En conjunto con el aumento exponencial en el catálogo de delitos económicos y la creación de un estatuto especial de penas, esta ley propone un foco preventivo que es particularmente relevante respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además de examinar el impacto de la nueva norma, este artículo aborda la necesidad de la implementación efectiva de un Modelo de Prevención de Delitos y propone un enfoque basado en el riesgo en el cumplimiento normativo.

Milei ha propuesto prohibir la legalización del aborto, aprobar la libre portación de armas, regular la venta de órganos pues puede ser “un mercado más”, cerrar los ministerios de Educación y Desarrollo Social “pues son parte de esa basura llamada Justicia Social”, quemar el Banco Central, y dolarizar la economía para terminar con la inflación. Dicho ello, tomando en cuenta que varias de las propuestas -sino todas- requieren de la aprobación en las cámaras del Congreso cabe preguntarse si La Libertad Avanza logrará obtener mayoría en Senadores y Diputados, respectivamente, para impulsar su programa de Gobierno.

A partir de cambios tecnológicos y normativos la forma de pagar está cambiando, propendiendo a un mayor uso de medios de pago electrónicos; ¿consecuencia derivada?: entender que los desarrollos de mercado seguirán influyendo de manera significativa en la forma de pagar, que habrá una mayor carga operacional para las Infraestructuras del Mercado Financiero, y que como tendencias futuras estarían los pagos instantáneos, los activos digitales, la participación de empresas BigTech en los medios de pago y los sistemas de pago cerrados. Nada de tendencias futuras a realidades que tan sólo un año después son parte del presente.

Los que conocemos el contenido de la LDE, sabemos que, entre otras cosas, trae consigo la difuminación de la frontera entre autor y partícipe o el comiso de bienes, aún sin sentencia previa, y peor aún, con sentencia de sobreseimiento, todas medidas propias de reacción punitiva contra organizaciones criminales gravemente ilícitas.

Los argumentos de las bancadas socialistas, comunistas y del Frente Amplio tienen un evidente conflicto lógico. Por un lado, sostienen que quien está por nacer tiene dignidad por su condición humana, pero por el otro, no creen que sea sujeto de derechos. Esto puede tener dos lecturas: o la dignidad humana no es el fundamento esencial de los derechos fundamentales o existen personas de segunda categoría que no son merecedoras del derecho a la vida.

Las enmiendas al anteproyecto son una oportunidad de perfeccionar el texto, pero para que ello ocurra, los consejeros deben ser coherentes en el discurso que sustenta las indicaciones, y evitar la tentación de plasmar programas de gobierno.

En aquellos casos en los que los progenitores no custodios incumplen el pago la pensión de alimentos, lo usual es que el progenitor custodio, por sus propios medios, cubra las necesidades de sus hijos. Ello puede implicar que no se haga cargo satisfactoriamente de sus propias necesidades, sacrificándose en favor de ellos, o incluso que deba asumir otras actividades o trabajos para generar ingresos adicionales.

Como se sabe fueron 27 los precandidatos a la presidencia que compitieron en estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, recordemos que estos comicios están configurados para seleccionar a un candidato por cada frente o quienes compitan de forma independiente. Ahora bien, para ser electo y competir en las nacionales, los candidatos deben alcanzar un mínimo de 1.5% de los votos válidos. En el caso de cada coalición, si hay más de un candidato, el ganador es quien representa al colectivo en las generales de octubre.

Los constituyentes de reforma y de “nueva constitución” tienen límites (aunque distintos), razón por la cual si los infringen, la innovación constitucional que introducen deviene en inconstitucional. Por tanto, la respectiva norma constitucional sería, una norma constitucional inconstitucional. Así, en tanto ella ocasione daños a uno o más particulares, da origen a la responsabilidad del Estado-constituyente en base al factor de atribución “inconstitucionalidad”. Si se estimara que ello no es viable, cabe prescindir del desvalor de la conducta, y centrarse en el desvalor del resultado. En otras palabras, la responsabilidad del Estado-constituyente se reconduciría a través de la denominada responsabilidad “sin falta” (o si se quiere, por “actuación lícita”).

10 millones de electores en miras de ser impedidos arbitrariamente de su derecho a sufragar. Todos los venezolanos mayores de edad, con cédula de identidad, que no estén sujetos a inhabilitación política tienen derecho a inscribirse y actualizar datos en el RE; y a votar dentro y fuera de Venezuela.

No debe perderse de vista que el régimen legal del trabajo subcontratado altera el principio del efecto relativo de los contratos. No hay, por regla general, eficacia para terceros del contrato de trabajo, tal acuerdo es para quienes no concurrieron a su celebración res inter alios acta. La responsabilidad de la empresa principal es por tanto excepcional y ello impone una interpretación estricta sobre su alcance.

Podemos observar que, actualmente nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 19 N° 11 inciso cuarto que, “Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”. Por lo indicado, podemos afirmar que no existe una consagración expresa ni menos una construcción del derecho de los padres en la educación moral y religiosa de sus hijos, como si procede en la doctrina comparada, se trata más bien de un derecho de carácter prestacional o instrumental en relación con el derecho a la educación y no hace referencia a su veta de manifestación de la libertad de conciencia o de religión.

es importante que, en el proceso de redacción y discusión de la nueva normativa constitucional, se realicen las modificaciones necesarias para precisar y clarificar las competencias de los nuevos tribunales comunales, asegurándose de que no haya solapamientos con otras jurisdicciones establecidas y que la terminología utilizada sea adecuada y coherente con la realidad jurídica actual. Esto permitirá evitar potenciales conflictos de competencia y garantizar una justicia local eficiente y efectiva.

En 1941 las tensas relaciones diplomáticas entre Japón y US. Army, sobre todo por los bloqueos que Estados Unidos había levantado sobre los abastecimientos de petróleo de Japón y el pacto de este último con la Alemania Nazi -entre otras razones- hicieron que la bandera del sol naciente, tomara la decisión de bombardear Pearl Harbor, desconociendo, que en agosto de 1945 Estados Unidos, promovido del arma más letal en la historia de la humanidad, cobraría amparados en el Ius ad bellum, así como en el principio del mal menor, la vida de miles de civiles a las 8:15 en Hiroshima y tres días después ante la no rendición de Japón a las 11:02 en Nagasaki.

Considero urgente y necesario el consagrar a las y los deudores alimenticios como indignos de suceder al causante, para que en definitiva se les sancione por haber cometido aquellos un hecho socialmente repudiable, como es el incumplir el derecho-deber de los alimentos para con sus descendientes, tan necesario para la subsistencia y realización formal como material de los mismos, sanción que además puede leerse desde una doble óptica.

Níger y sus nuevas autoridades, repudiadas por la mayoría de los países, y con llamamientos a que regrese al presidente depuesto, lo que parece muy improbable, afianza a los golpistas y les obliga a buscar el apoyo ruso, generoso. Todo un cambio en el delicado equilibrio africano y que trae serias consecuencias para la pugna global de las tres principales potencias.

A pesar de mantener la propiedad sobre la capitalización individual, es inevitable dar cuenta de que los nuevos aportes se tratan, como se dijo, bajo una lógica de solidaridad que es obligatoria. Si ese 6% adicional va a financiar pensiones de terceros no existe realmente propiedad sobre ellos, pues la propiedad permite que el trabajador que invierte tiempo y esfuerzo en percibir y aumentar el valor de ese porcentaje de dinero tenga efectivamente derecho sobre los réditos de su trabajo, los que deberían financiarlo individualmente.

Conforme al actual sistema jurídico imperante en Chile, de tradición continental europea, aunque resulte efectivamente seductor para los tribunales pretender zanjar cuestiones con caracteres de generalidad, las sentencias judiciales tienen y deben seguir teniendo efectos relativos y, por ende, los fallos pronunciados por los tribunales de justicia deben ser interpretados y ejecutados bajo dicha premisa.

En este proceso que lleva al Estado a vincularse a un tratado internacional debe resguardarse el principio de supremacía constitucional, además de observar si existe alguna eventual colisión con otras normas de derecho interno, que deban ser ponderadas en resguardo del interés nacional, lo que puede llevar a concluir que se estime no conveniente vincularse a un determinado tratado. La aplicación de estos procedimientos ha tenido lugar en nuestro país.

La ley indica que el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales, es decir, en ningún caso el empleador del apoderado podrá calificar esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en la letra a) del número 4 del artículo 160, o como fundamento de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, en su caso. En el mismo sentido, la salida tampoco podrá ser objeto de descuentos.

La subsidiaridad se ha traducido en individualismo, en la desigualdad de acceso a los servicios sociales y la injusticia social. Resulta imperioso entonces repensar el principio de subsidiariedad y cuestionarse si es en esos mismos términos en los cuales queremos que se vuelva a consagrar en la Carta Fundamental. Una alternativa es lograr que se articule con el principio de solidaridad. Si seguimos viendo a la subsidiariedad –es decir, la libertad y la iniciativa individual–  alejada de la solidaridad –es decir, sin pensar en el bien de todos- se cae en un liberalismo egoísta, que debilita la paz social.

La esclavitud es una cuestión que se mantiene vigente y que la mayoría del ordenamiento jurídico internacional, regional e interno ha buscado formas de abolirla, de allí la necesidad de sensibilizar y promover desde la cultura sus raíces, formas y consecuencias en aras de poder combatirla, sancionarla y erradicarla.

No son correctos los criterios de creerse que se opera en el sector privado y entender las plataformas validadas -de cara a los usuarios y administrados- con términos y condiciones de uso, cuando la relación Estado/ciudadanos la determinan sólo leyes y reglamentos y no son negociables contractualmente entre ambos, de manera que incluso se pueda alterar la legalidad vigente, como por ejemplo hoy se hace en materia de eximentes de responsabilidades administrativas y en desarrollos de gran impacto ciudadano

Parte importante del revuelo causado por la ley es por la inversión en las expectativas que ella produce. La ley contiene reglas que pueden llevar a la imposición de penas que sean percibidas como efectivas en casos que ella considera graves. Ese es un resultado evidentemente deseado por un sistema penal: tratar más duramente aquellos hechos que son más graves. Pero su éxito depende de que el mecanismo establecido para graduar los casos permita tratar como graves casos que efectivamente lo sean y tratar de modo más tenue casos que no lo sean.

La iniciativa constitucional “Por un Estado sin pitutos” promete avanzar hacia un modelo estatal más moderno y libre de relaciones funcionariales anticuadas. Pero su contenido en esta materia es acotado, y su sentido parece apuntar hacia cuestiones diferentes. Se observa en la iniciativa un cambio radical en el modelo de administración pública que es difícilmente conciliable con la teoría democrática.

La nueva institucionalidad penal contenida en el Proyecto de Ley de Delitos Económicos, viene a poner en tela de juicio la aplicación y vigencia de una serie de principios elementales del derecho penal, tales como la igualdad ante la ley, el derecho penal como herramienta de ultima ratio, el principio de tipicidad, el derecho penal de conducta y no de autor, y el principio de presunción de inocencia. Se trata, en definitiva, de una legislación selectiva y fragmentada que, sin duda, traerá enriquecedoras discusiones doctrinarias y más de un fallo controversial por parte de nuestros Tribunales de Justicia. Serán, en suma, los operadores del sistema quienes juzgarán el contenido el Proyecto por los inciertos resultados que traerá.

Resulta urgente que el Perú adopte las acciones que resulten necesarias para garantizar los derechos humanos del presidente del JNE y sus familiares. Estamos frente a una situación peligrosa para la democracia peruana pues se trata de una autoridad cuya autonomía e independencia debemos defender siempre, ya que junto a los titulares de los otros organismos electorales aseguran que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos.

Más allá de las características e implicancias que pueda tener cada una de las enmiendas propuestas, según analizamos sucintamente a continuación, es necesario destacar desde luego la transversalidad de esta materia, considerada de importancia para consejeros de todo el espectro político, tanto de izquierda como de derecha. Sin duda lo ocurrido el pasado lunes 17 de julio, fecha en que estas indicaciones fueron ingresadas, nos demuestra que estamos ante un tema de Estado que trasciende las ideologías políticas y que se proyecta en el mediano y largo plazo.

El juicio político es una institución creada por el constitucionalismo inglés que en el caso peruano fue incorporado en la actual Constitución, norma suprema que en estos tiempos como en los años 90 después de promulgada la Constitución a finales del año 1993, solo está parcialmente vigente, las violaciones a los derechos humanos, la vulneración a la institucionalidad democrática principalmente por parte del Congreso de la República así lo indican, el caso reciente ocurrido con la ex fiscal suprema objeto de un juicio político nos inclina a confirmar esa idea, la mayoría parlamentaria cree erradamente que cuando se ejerce un poder puramente político como en el juicio político estos se pueden alejar de la Constitución y sobre poner el acto político a la Constitución.

Se trata de una postura jurídica, que pretende establecer que en las obligaciones puras y simples no es necesario reconvenir judicialmente al deudor para constituirlo en mora. Esta posición es contraria a lo sostenido por la doctrina tradicional, la cual entiende que el artículo 1551 del Código Civil establece los únicos casos de mora del deudor; aspecto que se ha desvirtuado a través del tiempo en Chile por autores como, Alfredo Barros Errázuriz, Fernando Fueyo Laneri y Wilfredo Yáñez González. También se ha manifestado en Argentina, un cambio doctrinal que culminó con la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, en donde se eliminó la necesidad de la reconvención judicial para constituir en mora al deudor, estableciéndose que el deudor queda constituido en mora de manera automática.

El objetivo de la ley es sencillo. Conseguir producir efectos de determinación de la pena que sean profundos y ecuánimes, en el sentido de tratar con mayor severidad casos concretamente graves y con menor dureza casos que, en sus circunstancias concretas de perpetración, lo son menos. El sistema chileno, especialmente en el ámbito de los delitos económicos, es un sistema plano al extremo: no hay diferencias en la pena probable atribuible a la realización en circunstancias muy distintas de un mismo tipo. En el caso de los delitos económicos, ese resultado plano está en general prejuzgado: libertad vigilada o remisión condicional. Da lo mismo lo grave que sea el modo de perpetración o el daño producido por el delito.

Chile adopta un sistema de tipicidad mixta que reconoce situaciones abiertas descritas en la Constitución chilena, cuya interpretación corresponderá al propio Senado en las situaciones previstas por la ley, lo que genera cierta confusión. Es decir, Chile al mismo tiempo adopta el sistema brasileño, que obliga a tipificar los delitos de responsabilidad en los términos de la ley, así como termina adoptando el sistema norteamericano, dejándolo a la libre voluntad del Senado, abriendo la posibilidad de interpretación analógica, extensiva o in malan partem y no sólo restrictiva.

La sentencia malentendió la legislación sobre datos personales y omitió un hecho fundamental de la causa. La Ley Nº 19.628 reconoce un derecho de cancelación, declara que las políticas de privacidad que lo omiten son inválidas, y no permite limitar el derecho para fines de investigación científica e histórica. Pero esta última fue, precisamente, la causal invocada por la recurrida para retener los datos neuronales del recurrente.