Gabriela tenía claridad de que la libertad y los derechos humanos eran fuente de bienestar para los pueblos, cuestión que está estrechamente ligada con el campo cultural, artístico y patrimonial.  De hecho, este ámbito fue incluido en la Declaración de 1948, que en su artículo 27 dictamina que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

El artículo 114 de la propuesta de nueva Constitución Política minimiza a las FF.AA. y deja a sus miembros como meros funcionarios públicos, desvinculados del concepto de patria, su sustento espiritual.

Más de cien mil venezolanos pueden ejercer el derecho al voto en Chile, pero no pueden votar en las elecciones de su propio país.

Ahora, quienes nos quisieron vender esa casa, han llegado a la conclusión que no era necesaria su construcción y podíamos seguir viviendo en la que actualmente habitamos. Curiosa conclusión, pero, como habitualmente se dice, todos tienen derecho a “cambiar de opinión” o acomodarse a las circunstancias.

Temo que de eso se trate, provocar la caída de los prestadores privados para imponernos la “igualdad sustantiva” en materia de salud, esto es, ser todos parte de un único y obligatorio sistema estatal de salud, en el cual todos seremos “igualmente” mal atendidos y sin posibilidad de elegir.

En mérito a las diversas atribuciones y facultades que la Constitución Política de la República de Chile de 1980 concede al mandatario de turno es que se afirma que esta posee una tendencia hiperpresidencialista. A pesar de ello, esta tendencia se mantiene en el texto de propuesta de Nueva Constitución de Chile, debido a que el artículo 100, que establece las atribuciones especiales del presidente de la República, sigue estableciendo que el gobernante posee la atribución de nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles.

Lo primero, es entender bien, que se está votando: es un a favor o un en contra de la propuesta que, esta vez, ha redactado el Consejo Constitucional, compuesto por miembros elegidos por la ciudadanía con voto obligatorio, de un anteproyecto redactado por una Comisión de Expertos de todos los partidos políticos, respetando doce bases institucionales (Art. 154 de la actual Constitución), que fueron acordadas por gran parte de los partidos políticos con representación parlamentaria. Todo  lo anterior, en mi opinión, da legitimidad y transversalidad al texto constitucional.  

La Declaración contempla normas originalmente carentes de obligatoriedad jurídica representando lo considerado por diversas sociedades como mínimo común protector de las personas. Esto ha cambiado. Ha evolucionado jurídicamente al considerarse obligatoria.

Entre las diversas proposiciones realizadas, hay un par que, si bien se tratan por separado, van en la misma dirección. Una de ellas, es aumentar el IVA hasta en un 22% y modificar los tramos del Impuesto Global Complementario, estableciendo tasas marginales de un 30% y 40% para los tramos más altos.

No nos parece razonable ni proporcional, exigir a don Severino desplegar tamaño esfuerzo para regularizar un derecho de aprovechamiento, en circunstancias que la única persona que ha demostrado interés por el bien en cuestión es don Severino y nadie más.