La norma del artículo 103 del mismo Código establece un beneficio temporal objetivo denominado impropiamente “media prescripción”, ya que su naturaleza es absolutamente diferente al de la prescripción, pues trabaja sobre el elemento temporal no para extinguir la responsabilidad penal como en la prescripción, sino que para reducir la pena imponible.
Si revisamos constituciones de otros países, y no me refiero precisamente a estados dominados por ideologías de izquierda (como si ello fuera malo per se) nos daremos cuenta de que la propuesta de la Convención es mucho más robusta que los casos de España o Alemania.
Se deja en claro que ni el actual alcalde de Estación Central, conforme lo señala el artículo 148°de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo, acorde al mandato del artículo 157° de la misma LGUC, han ordenado la demolición de las torres ilegales, como tampoco lo han exigido los aludidos 6 ciudadanos.
Es especialmente llamativo que la resolución que dispuso la prisión preventiva y que fue revocada por la Corte, señale como supuesto fundamento que, en esta segunda oportunidad, el Tribunal tenía “una integración distinta”; como si los criterios personales de los jueces permitieran modificar resoluciones del mismo tribunal, sin necesidad de justificar el cambio de circunstancias, tal como lo exige la ley.
Es pertinente hablar del proceso constituyente, una movilización sin líderes, pero como una masa pensante, a su vez, con tópicos claros, más derechos, garantías de cambios y el concepto más relevante -DIGNIDAD-, la masa unida para hacerse escuchar frente a un momento caótico.
Aproximadamente el 50% de los artículos transitorios no tiene relación alguna con el texto permanente, tratándose de una burda trampa para reponer artículos que fueron rechazados por el Pleno.
El tema de la constitución es un tema político, y como tal, las dinámicas y fuerzas que subyacen al derecho constitucional siempre involucran alguna decisión de política moral. ¿Cuál es la consecuencia? Que quienes comentan el derecho constitucional (tanto la academia como los jueces), al hacerlo, necesariamente adoptan preferencias de política moral. Esto último es inevitable, quieran o no aceptarlo, estén o no conscientes.
Para la población chilena en general, las distinciones –por ejemplo– en la designación del sexo (masculino, femenino, indefinido, etc.) carece de toda importancia. Lo verdaderamente importante es el nombre y precisión de los distintos órganos que se constituyen y la perfecta diferencia que se debe advertir entre tales órganos y sus titulares o representantes.
Para infortunio de las personas que llevan procedimientos administrativos ante este servicio, la regla es la imposibilidad de acceder al expediente, ya que no se cumple con el principio de fidelidad previsto en el artículo 1 punto 6 de la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado.
El borrador plantea del deber del Estado de asumir la crisis climática y detalla un número de medidas de prevención, adaptación, y mitigación, el que entendemos no es para nada exhaustivo sino propositivo.
