El relato de un caso de antropofagia en redes sociales el 12 de marzo expuso la falta de legislación específica en el Código Penal chileno. La difusión del caso realza la urgencia de abordar legalmente este acto. Aunque hay un proyecto de ley en curso para cubrir este vacío legal, su avance legislativo aún está pendiente, mostrando la premura que hay para resolverlo lo antes posible.

¿Puede el sistema de justicia soportar que todo termine por una sentencia dictada por un juez o jueza?

El problema es pareciera que el interés nacional suele escapar a la comprensión de quienes promueven y nombran en dichos cargos a quienes no son profesionales formados en el servicio exterior y llegan a servirlos sin preguntarse siquiera si cuentan con las necesarias competencias, más allá de su militancia a algún partido político.  

Es dable preguntarse si la lealtad militante de un partido político que actualmente está en la coalición gobernante, da para tolerar el desprecio que se denota para con nuestro país por parte de la dictadura venezolana.

En los últimos años, Chile ha realizado notables progresos en el fortalecimiento de su marco jurídico para la protección de los denunciantes. La introducción de la nueva ley sobre delitos económicos (Ley 21595) supone un importante paso adelante. Esta legislación, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024, incluye disposiciones destinadas específicamente a salvaguardar a los denunciantes.

Para no aburrir al paciente lector, no entraré en detalles respecto a la forma en que se logró aprobar en el consejo del INDH la presentación de la querella, ni a quien apuntaría esta acción. Todo está en la prensa y se cruza con las próximas elecciones municipales por Santiago-Centro.

En concreto, el proyecto establece que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), magistrados del Tribunal Electoral federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

¿Qué ocurre en Chile con las mujeres que se encuentran en esta situación? Lamentablemente sus historias no son visibles para el Estado de Chile, ya que nos encontramos con distintas barreras de forma que impiden el ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, que se han profundizado con las modificaciones a la Ley 20.430 a través de la aprobación de la Ley 21.655, vigente desde  el 20 de febrero del 2024.

A pesar de que la modernización íntegra del sistema judicial es inminente, es menester identificar las contravenciones que podría generar, reconociendo que existen riesgos y desafíos asociados a la digitalización y a su obligatoriedad. Si bien el acceso a la tecnología ha entrado ya en discusión sobre su naturaleza, respecto a la formalización legal de este como un derecho al acceso de las tecnologías de la información y de la comunicación, inclusive hasta hoy, no ha dejado de ser un privilegio.

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es su firme compromiso con la prevención. La implementación de capacitaciones y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a los funcionarios públicos es un paso necesario para cambiar las actitudes y comportamientos que perpetúan la violencia de género. Al incluir la perspectiva de género en los planes educacionales, se garantiza que las futuras generaciones crezcan con una mayor conciencia y rechazo hacia la violencia.

La implementación de modelos de Compliance para poder participar en las licitaciones públicas representa un importante avance hacia la transparencia y la probidad en las transacciones entre el Estado y el sector privado. Esta medida no solo reduce los riesgos de corrupción, sino que también fomenta una cultura de ética y responsabilidad, beneficiando a toda la sociedad.

En la medida que los adjudicadores vayan cumpliendo con esta dinámica virtuosa -que enaltece el Derecho- en sus diversos fallos sobre un determinado asunto sometido a su conocimiento, se irán creando las denominadas “reglas judiciales”, que no son otra cosa que mejores razones que a lo largo del tiempo traen consigo un enriquecimiento de la jurisprudencia permitiendo con ello soluciones más justas. ¿Por qué es importante esto?

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe tomar en cuenta y comprender la subordinación de la mujer en las prácticas y normas culturales, y en el contexto de la investigación de las violaciones de los derechos de la mujer; esas prácticas constituyen una violación de los derechos humanos en sí misma, pues los estereotipos se convierten en “una de las causas y consecuencias de la violencia de género contra las mujeres”.

Sostener que la judicatura tiene como labor gestionar un concepto tan reiterado como inasible, además de aventurado, impreciso y peligrosamente metafórico, contiene - cual regalo troyano - una fácil solución para un problema complejo: las conexiones entre Derecho y moral.

Allí solo están permitidos los edificios aterrazados o escalonados, dejándose en claro que el vicio del acto administrativo municipal está prescripto, razón por la cual el mismo no se podrá invalidar ni anular. Pero sí, los propietarios de los departamentos de ese edificio, por el perjuicio moral y económico que están asumiendo, podrán ejercer las acciones judiciales respectivas.

Era de esperarse que la derecha estaba fragmentada, luego del surgimiento del Partido Republicano y el "cash all" llamado Partido de la Gente. Fue un duro golpe. No obstante, pareciera ser que la coalición de RN, Evópoli y la UDI no se han logrado levantar. Algunos dirán "el rol que juega ahora la derecha es resistir a los proyectos de ley que busca la izquierda", pero ni siquiera buscan un second best.