Los consejeros republicanos, cómodos con el estado de las cosas, y con el amparo del triunfo electoral coyuntural, están adoptando una táctica de atrincheramiento que pone en riesgo la realización de una verdadera renovación donde la convivencia democrática se encuentre efectivamente garantizada. Esta táctica se sustenta en una combinación de conservadurismo moral y una marcada inclinación hacia la conservación de un Estado mínimo, lo que podría llevar (llevará seguramente) a la inacción y a la perpetuación de una configuración constitucional obsoleta.

También es justo reconocer la preocupación -y por eso la pregunta- de quienes ponen en tela de juicio el carácter violento de algunas marchas, manifestaciones o concentraciones. Pensando en ellos consideramos importante resaltar que el TC (hace 18 años) ya indicó que deberá procederse a la inmediata detención de toda persona que atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada.

En las deliberaciones del órgano colegiado, cada juez trae consigo su forma de enfocar el asunto y su personalidad, lo que influye en mayor o menor grado en la resolución final. Esto puede generar diversas opiniones dentro del grupo, pero a través de la colegiación, se contrarrestan las singularidades de los jueces y se depuran subjetividades en la decisión. La confrontación de puntos de vista ayuda a alcanzar una decisión más objetiva y justa, reflejando lo que es justo desde un punto de vista más amplio y colectivo.

Respecto a la actual Constitución que se encuentra en elaboración por el Comité de Expertos desplegados por representantes de partidos políticos, ¿cuáles serán los lineamientos dentro de esta propuesta 2023 frente a la comunidad LGBTIQIA+?, ¿esta será un promotor o un de limitador de Derechos para la comunidad? e, inclusive, ¿acaso se mencionará a la comunidad LGBTQIA+ en algunos de los artículos de la Propuesta Constitucional 2023?

Es menester recalcar que la vulnerabilidad de la mujer embarazada privada de libertad, es una fragilidad “temporal”, que termina con el parto y, la indefensión relacionada al cuidado del hijo menor, expira cuando el pequeño cumple una edad determinada. En cambio, la vulnerabilidad de la vejez y enfermedad -sabemos- es progresiva -en especial en cárceles carentes de infraestructura médica ad hoc- y solo termina con la muerte de la persona. 

En efecto, el CPTPP, a diferencia del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones de 1996, permite someter una reclamación a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), como también acordar cualquier otra institución arbitral o reglas de arbitraje, flexibilizando las posibilidades para los inversionistas. Además, estas alternativas permiten otorgar mayor certeza jurídica a éstos al contar con más alternativas de solución de controversias.

Entidades relevantes de la sociedad (universidades) prefieren acallar las denuncias y no activar y/o no iniciar protocolos de acción que proteja a las víctimas, relativizando las denuncias.

Esta norma introduce un factor no deseado de opacidad en los procesos de selección de los directivos superiores de instituciones de singular importancia para el sector de la cultura y las artes, y, además, importa una severa limitación para la búsqueda de las personas más calificadas para dirigir dichas entidades patrimoniales.

El largometraje ha causado una gran efusión en estos días, empapelando los edificios y pintando las calles de la ciudad de rosa. Evidenciando que son este tipo de eventos y estrenos, los que llaman la atención de la ciudadanía. ¿Por qué no se ha visto en las calles y/o edificios información de los y las Constituyentes? ¿O es que sólo se pueden pintar y empapelar infraestructuras privadas con información de comercio y del mundo del espectáculo?.

La garantía de acceso a una justicia civil efectiva es un derecho humano fundamental. Implica que todas las personas, sin importar su posición social o económica, tengan igualdad de oportunidades para acceder a los tribunales y hacer valer sus derechos. Este acceso no puede ser simplemente teórico; debe ser real y efectivo. La justicia civil efectiva no solo consiste en la posibilidad de presentar una demanda, sino también en obtener una respuesta pronta y adecuada.

Más allá de las distintas perspectivas sobre el concepto de servicios culturales, es importante destacar que el proyecto de ley podría representar un avance para el desenvolvimiento de iniciativas culturales y el reconocimiento de las asociaciones y cultores del patrimonio del país. Si bien se enfoca específicamente en aspectos de carácter tributario, su impacto podría ser más amplio, facilitando el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural y patrimonial.

Sin perjuicio de la discusión jurídica entorno a la validez de estas objeciones (p. ej. ¿habría impunidad si el preso anciano que accede al beneficio ya ha purgado varios años en la cárcel? o si ¿existe traición o incumplimiento al Derecho internacional cuando países vecinos como Argentina o Uruguay llevan años con legislaciones que recogen el espíritu de esta Enmienda? 

Frente a la inminente aprobación de la nueva norma vinculada a la protección de datos, todas las organizaciones tendrán que acelerar el paso si aún no han establecido, claramente, los protocolos destinados a proteger a los consumidores; y a evitar infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales, cuyas multas podrían superar los 380 millones de pesos aproximadamente.  

Los sectores más radicales de la izquierda no aceptan que pueda haber un debate serio, argumentado y documentado acerca de las causas que motivaron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, por el contrario, quieren imponer una verdad oficial y única que cancele cualquier otra opinión.

La conformación de la comisión de desinformación, compuesta en su mayoría por representantes de un mismo sector político, incluye a dos representantes de ONG.  Sin embargo, surge la interrogante: ¿Qué representantes son y qué intereses defenderá en el fondo esa ONG? ¿Acaso los mismos de Democracia Viva? Esto representa claramente un atentado contra la libertad de expresión y de prensa.

Si se incrementa el IVA, ¿disminuirá la recaudación? Se debe considerar que al implementar o modificar los impuestos se alteran los incentivos económicos: un incremento en el impuesto sobre la renta laboral puede desincentivar el trabajo y un aumento en el impuesto corporativo puede desincentivar la inversión.