La presencia paritaria de la mujer en el proceso constituyente se torna hoy fundamental y obligatoria para el Chile de hoy y el de las nuevas generaciones, dando cuenta de los cambios de una sociedad patriarcal que, de forma paulatina, fue abriendo nuevos espacios de participación.

Si bien el aporte de las personas naturales se traduce en una menor recaudación en dinero, sus donaciones son relevantes por los servicios expertos que puede proporcionar a una de estas organizaciones, por ejemplo, un abogado o un médico, la que puede ser superior a una donación en dinero.

Se debe recordar que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de todos los derechos que son titulares todas las personas. Parece una obviedad, pero resulta indispensable hacerlo en el escenario actual.

La Corte Penal Internacional ha asumido un papel muy delicado en el asunto palestino. En primer lugar hay que entender que dicha Corte, de suyo y por propia naturaleza, sólo debe participar en el ámbito de los posibles delitos cometidos por personas físicas, y en casos excepcionales en el de las ficciones jurídicas llamadas “personas morales”.

La finalidad última de las fuerzas policiales – al igual que todas las FF.AA.– a través del curso de la historia de la humanidad no ha sido otra que la de estar al servicio del poder, del poder de las élites financieras que controlan el mundo y los países.

Presentar demandas por litigio estratégico en este caso, eventualmente traerá resarcimiento monetario a las víctimas, pero esto debe ir más allá, también podría ser la base para formular proyectos de Ley que amplíen las causales de aborto y a mayor abundamiento, la creación de comisiones especiales que investiguen y registren a las víctimas de este caso.

De Sudamérica, somos el único país sin una ley integral de protección de la infancia, en la región latinoamericana, hay tres países más en la misma situación: Cuba, Haití y Panamá.

No obstante la buena intención del legislador, es elemental que la Ley Nº21.226 se modifique, de lo contrario generará un colapso en los Juzgados Civiles- y en otros tribunales- y producirá efectos nefastos en los litigios actualmente en curso, atropellando el derecho al debido proceso.

Evidentemente, no constituye deliberación el hecho de que el General Director de Carabineros haya expresado su opinión ante su autoridad superior sobre un tema que guarda relación directa con su función específica y con la institución bajo su mando.

La interrogante tiene lugar en el contexto de que distintos sectores de nuestra política se han manifestado al respecto, con mayor o menor voluntad política de llevar a cabo reformas, más o menos profundas al cuerpo militarizado.