Dado que en nuestra angosta y larga faja de tierra quienes determinan las políticas públicas son los actores privados, en ocasiones con trampas, damos cuenta de lo que ha estado sucediendo desde hace muchos años con las recurrentes violaciones, por parte de privados «pasados pa´la punta», a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) de 1977 y al estricto, en el papel, Decreto Ley (DL) 3.516 de 1980, instrumentos normativos que impiden la construcción de viviendas en las llamadas parcelas de agrado de 5.000 m2, localizadas en territorios rurales de todo el país. 

Llama la atención que la Resolución Exenta N°5250 prohíba de manera general cualquier uso de los datos de la PAES, salvo aquellos que tengan por objeto “la gestión y planificación de los procesos de admisión” (Artículo Primero, letra g). Encontramos aquí una estricta restricción a la libertad de informar, impuesta por una norma reglamentaria.

Este conjunto de consecuencias físicas y psicológicas inherentes a la condición de “adulto mayor”, provoca múltiples impactos en el desarrollo de la vida en prisión, en aspectos materiales simples como la compatibilización entre estos déficits connaturales a su condición de “viejo” (sin considerar las enfermedades de base que la mayoría acarrean y que por sí solas agravan su situación de adaptabilidad al medio carcelario) y la utilización y distribución de espacios y con las rutinas que son propias del régimen de encierro.

La incitativa, proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados que padezcan una enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, está dirigida para que estas personas puedan terminar de cumplir las penas en su domicilio; por tanto, no se trata de un indulto, que perdona la sanción, sino de una forma alternativa de cumplirla.

Chile ha avanzado en la consagración efectiva de derechos para las personas con discapacidad con la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y la ley 21.545 sobre protección de derechos de personas por trastorno del espectro autista, por nombrar algunos ejemplos, sin embargo, no ha actualizado la normativa base en materia de capacidad jurídica.

No es efectivo lo dicho por la ministro Vivanco en el sentido de que los delitos de lesa humanidad son “imposibles de amnistiar”. No existe ni en Chile ni en tratado internacional alguno —ni siquiera en aquellos que se refieren específicamente a tal clase de delitos— una norma que prohíba dictar o aplicar leyes de amnistía; es decir, que prohíban el perdón entre hermanos.

De un tiempo a esta parte, el activismo judicial es cada vez más notorio, de moda por el tema de las isapres que arriesgan su extinción, con todo lo que ello significa, pero, más a menudo en causas denominadas habitualmente como de derechos humanos.

La Iglesia Católica destaca que, en la Pascua celebramos el triunfo  de Jesús sobre el demonio y la muerte; Pentecostés es la solemnidad del Espíritu Santo; y en la Navidad festejamos a DIOS PADRE ETERNO que nos regala a su Hijo en el Espíritu Santo.

Debemos entender que el no pago de los tributos a los que están obligados los sujetos es un delito, el cual puede ser de omisión o la realización de una conducta, que va a tener como resultado la defraudación fiscal, explicado de otro modo, el bien jurídico protegido que es lesionado, según la doctrina, es la integridad patrimonial del fisco quien ha sido dañada por el ilícito penal. 

En la actualidad, existen en nuestro país un entramado jurídico procesal altamente y me atrevería a señalar, innecesaria y/o culpablemente complejizado, de normas que, aunque muy similares unas de las otras, despiertan interpretaciones, reglas, o usos positivizados o no que, en definitiva, cambian en desmedro de la coherencia del sistema legal, el ejercicio profesional de los abogados.