El máximo Tribunal confirmó la condena para uno de los miembros de la agrupación criminal, que gracias a una escucha telefónica fue detenido intentando ingresar al país cerca de 28 kilos de cocaína de alta pureza.

La sentencia debió contener razonamientos que justificaran su opción, pues en caso contrario, al asilarse en la mera formalidad de la falta de prueba directa, no es capaz de reproducir el razonamiento utilizado para alcanzar sus conclusiones y con ello incumple la exigencia básica del artículo 297 del Código Procesal Penal.

El auto de apertura de juicio oral produce, en lo pertinente, el efecto de zanjar la discusión relativa a la conformidad de las pruebas ofrecidas con los derechos y garantías fundamentales, con efecto de cosa juzgada.

Ese peso de la droga no resulta ser indiciario de que pueda en su comercialización afectar a un gran número de personas.

El máximo Tribunal hizo notar el carácter temporal de la medida, en razón de la existencia del riesgo de agresión a terceros, desestimando de esta forma el argumento de la defensa que acusó que los 400 días de permanencia en un centro psiquiátrico constituían un tiempo prolongado de internación, en circunstancias que el delito imputado en su grado inferior establece una sanción de 61 días de privación de libertad.

Los agentes ingresaron autorizados por la dueña de la residencial donde se encontraba la imputada, no obstante, no solicitaron el permiso de la acusada para ingresar a la pieza, infringiendo su garantía de inviolabilidad del hogar y contaminando con dicha ilegalidad toda la prueba reunida en la diligencia.

Cabe la posibilidad que en tales circunstancias se hayan auto inferido lesiones, generándose, dudas razonables que impiden condenar al acusado.

La jurisprudencia ha precisado conceptualmente que lo que se reprocha por esta causal es el exceso sobre el contenido de la acusación y que dicho plus signifique una condena por un tipo distinto del comprendido en la pieza de cargos.

Es un grave atentado contra el principio de legalidad, del principio pro reo y de aquellos que deben regir la hermenéutica de las leyes penales, imponer una pena a un caso no expresamente previsto por la Ley. De forma que se ha efectuado una errónea aplicación del derecho.

El máximo Tribunal estimó que el cultivo de cannabis que el recurrente mantenía en su domicilio y en el de unos vecinos, era utilizado para el tratamiento de enfermedades, motivo por el que no existe peligro para la salud pública, que tutela el artículo 8 de la Ley N°20.000, y por lo tanto, el hecho carece de antijuricidad material.