La incorporación de dicha prueba al juicio supone que ella sea inteligible y susceptible de ser comprendida por los intervinientes, peritos, testigos y por cierto para el tribunal, factor que no se verifica si dichas pruebas -en este caso las cartolas que refiere el recurrente- se encuentran otorgadas en un idioma distinto al castellano y sin traducir válidamente.

Quien está llamado a valorar la prueba y vincularla con los hechos materia del proceso es el tribunal, de modo que el esfuerzo desplegado por el Ministerio Público en estrados, a fin de demostrar la existencia de un concierto previo entre los imputados a partir de la prueba rendida en el proceso, resulta ser un ejercicio infructuoso que no resulta idóneo en modo alguno para subsanar las deficiencias argumentativas del fallo recurrido.

El recurso está deducido por uno de los dos condenados, sin embargo, se hallan en la misma situación en lo concerniente al grado de ejecución del delito, en virtud de lo cual la sentencia favorable para el recurrente también debe extenderse para el otro condenado acorde con lo que previene el artículo 360 inciso segundo del Código Procesal Penal.

El acusado fue sorprendido por Carabineros en posesión de una camioneta robada, y al ingresar a su domicilio, el personal policial encontró diversas especies de la víctima, así como marihuana lista para su comercialización.

Los jueces sancionaron al acusado con la pena de prisión en su grado máximo, luego de rebajar dos grados la pena asignada al delito, pero olvidan que calificaron el hecho ilícito como delito frustrado, lo que implica que debieron imponer la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley y luego rebajarla en aplicación del instituto de la media prescripción.

El hecho que la víctima no tuvo interés en concurrir al SML para ser periciado y que no aceptara la licencia médica que le iba a ser extendida por el respectivo facultativo del Hospital del Trabajador para no perder su trabajo, hacen suponer que tampoco concurrirá al juicio oral que debería realizarse, en caso de acogerse el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público.

Los acusados formaban parte de una agrupación delictual especializada en internar droga a través de contenedores transportados en barcos, y recibidos en diversos puntos del país. En el último traslado, personal de la Armada -gracias al aviso de agentes encubiertos- abordó una nave proveniente del Perú e incautó más de una tonelada de marihuana de alta pureza que iba ser comercializada desde el puerto de Arica.

En ausencia del elemento subjetivo del tipo que, al decir de los profesores Politoff, Matus y Ramírez “tiñe de sentido la conducta en cuanto peligrosa para el bien jurídico”, no se vislumbra infracción alguna de carácter legal en la sentencia impugnada, la cual concluyó en la absolución de la imputada.

El máximo Tribunal estimó que el castigo no puede ser aumentado en base a una agravante fundada en condenas prescritas, porque ello implica infringir los artículos 97 y 98 del Código Penal, por lo que redujo pena del recurrente a 541 días de presidio menor en su grado medio.

El artículo 104 del Código Penal impide el uso de una sentencia previa -cuya pena haya prescrito- para exasperar una pena accesoria; por lo tanto, el máximo Tribunal redujo el plazo de suspensión de la licencia de conducir del condenado a dos años.